Una vez en el poder, el FMLN desarrollaría una política de derechos humanos que le abriría las puertas a procesos por crímenes y a programas de reparación para las víctimas de la guerra de los 80, aunque el candidato Mauricio Funes diga que no derogará la Ley de Amnistía, sostienen organismos de derechos humanos.
Para hacerlo, según lineamientos definidos en su programa de gobierno, el FMLN sólo necesitaría levantar las reservas jurídicas actuales a los acuerdos internacionales de derechos humanos para procesar los casos de violaciones identificados por el informe de la Comisión de la Verdad, sin necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1993.
Pero según abogados que participaron en formular el programa de gobierno del FMLN, las más recientes declaraciones de Funes no contradicen el párrafo 4 del inciso "d" de la política de derechos humanos, el cual llama a eliminar "reservas indebidas" que el Estado salvadoreño solicitó al firmar convenios y pactos internacionales de derechos humanos.
Las reservas son restricciones que no le permiten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgar casos de violaciones ocurridas antes de 1995, lo cual incluye hechos ocurridos durante la guerra interna.
Por su parte, Funes aseveró ayer que no impulsará la derogación de la Ley de Amnistía de 1993.
"Si me preguntas a mí si voy promover una iniciativa para derogar la Ley de Amnistía, no, no lo voy a hacer", sostuvo Funes durante una entrevista en un programa del canal 33.
Y agregó: "Derogar la Ley de Amnistía implicaría crear un clima de ingobernabilidad, implicaría crear un clima que no permitiría construir un futuro".
Esta declaración generó consternación entre abogados y activistas de los derechos humanos porque, en apariencia, contradice uno de los principales lineamientos estratégicos de la política del FMLN en ese tema.
El programa de gobierno que propone el partido de izquierda para el 2009 sostiene que promoverá "la erradicación de leyes y prácticas estatales que violen, desconozcan o afecten de alguna forma los derechos humanos".
Pese a ese planteamiento tan explícito, Funes dijo que los organismos entenderán, "porque hay que ubicarnos en el momento en el que estamos; la derogatoria de la Ley de Amnistía, lejos de contribuir a la reconciliación, por el contrario, abriría heridas".
Los organismos de derechos humanos, sin embargo, no están molestos por el contenido de las declaraciones de Funes, sino por la manera en que las hizo.
"Es un mal manejo público del tema", subrayó un abogado.
Y otro explicó por qué: "El FMLN lleva años coqueteando con las organizaciones de derechos humanos en este tema, señalando y censurando a ARENA por mantener vigente la ley. Y de pronto, su candidato y representante dice exactamente lo mismo que ya nos dijo Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca".
La pregunta pendiente es por qué no hay preocupación entre la militancia y los aliados del FMLN por las implicaciones de esta declaración de Funes, la cual parece contradecir una política de primer nivel de ese partido.
Sin reservasEn una columna de opinión publicada en este diario el 27 de agosto de 2008, Salvador Samayoa reveló que, en privado, el coordinador general del programa de gobierno del FMLN, el diputado Gerson Martínez, le confesó que no tienen intención de derogar la Ley de Amnistía.
"Y yo le creo", escribió Samayoa, "entre otras razones porque la derogatoria abriría espacios al enjuiciamiento de prominentes dirigentes del FMLN".
Pero esa no es la única razón. El FMLN no necesita de la Ley de Amnistía para implementar sus propuestas de derechos humanos, argumenta un abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una de las organizaciones que participó en las mesas de elaboración del programa de gobierno efemelenista.
"Creemos que la Ley de Amnistía debe ser derogada, pero por razones simbólicas", explicó David Morales, coordinador de seguridad ciudadana y justicia penal de Fespad.
Según Morales, el mayor obstáculo a los requerimientos de justicia en el tema derechos humanos no depende de lo que suceda en el ámbito legislativo, sino en lo judicial: el problema son los fiscales y jueces.
"Independientemente de que se derogue o no, de acuerdo con un fallo emitido en el año 2000 por la Corte Suprema de Justicia, un juez está obligado a no aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos", explicó.
Esto explica por qué Funes indicó que él no iba a "promover una iniciativa en ese sentido", aclarando que sería "decisión de la Asamblea Legislativa".
En efecto, el programa de gobierno del FMLN es muy específico en el tema derechos humanos, y define objetivos concretos para las tres ramas de poder.
Para remover el obstáculo judicial al procesamiento de crímenes de guerra o de lesa humanidad presuntamente cometidos por ex funcionarios de gobierno o por miembros del Ejército, especifica que levantará "las reservas indebidas hechas a los tratados internacionales sobre derechos humanos".
Al mismo tiempo, levantaría reservas al reconocimiento de la jurisdicción "de los órganos de protección internacional de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas".
Fuente: FMLN abrirá juicios de guerra, El Diario de Hoy, 4 de septiembre de 2008.
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