El pasado miércoles 17 de septiembre una noticia económica tomó a El Salvador por sorpresa: la calificación de crédito del país bajó de estable a negativa, según las categorías de
Standard & Poor's. Esto significa que prestarle dinero a nuestro país implica un enorme riesgo y por lo tanto cualquier préstamo que El Salvador reciba a partir de ahora será mucho más caro.
En primer lugar, habría que darles una patada a los diputados del FMLN por negarse hace un año a votar a favor de los préstamos que ellos mismos ahora consideran tan necesarios. Algunos de los préstamos que se solicitaron entonces ya no se podrán solicitar. Otros sí, pero ahora los intereses serán más altos y tendrán menos impacto social porque los montos de inversión serán, por supuesto, menos cuantiosos. Esos préstamos estaban diseñados para acortar las brechas en la educación primaria y universitaria y en la seguridad pública. No digo que los programas asociados a esos préstamos eran la solución a esos problemas, pero la ausencia de respuestas ante esos indicadores económicos está a la base de la calificación negativa que El Salvador acaba de recibir. Este es el análisis de Standar & Poor's:
A pesar de los avances en el manejo de la economía, apoyados por una serie de importantes reformas macroeconómicas aprobadas durante las últimas dos décadas, la debilidad estructural de El Salvador sigue dificultando su calidad crediticia. Los débiles indicadores sociales; las brechas en educación, tecnología y capacitación; y las altas tasas de delincuencia limitan las perspectivas económicas del país. Los insuficientes avances en productividad y la creciente inflación (desde 2004), que llegó a 9.5% en 2008, minan la competitividad de El Salvador. Al mismo tiempo, la flexibilidad fiscal está limitada debido a la estrecha base fiscal (los ingresos fiscales se reportaron en 14% del PIB en 2007) y las importantes necesidades sociales y de infraestructura. Los gastos de inversión sumaron apenas 2.8% del PIB debido a estas restricciones fiscales, un nivel bajo frente al de otros países con necesidades de desarrollo similares. El déficit fiscal, aunque menor en los últimos tres años, sigue siendo alto para una economía totalmente dolarizada. Como resultado, la disminución de la deuda general del gobierno (estimada en 34% del PIB en una base neta en 2008) ha sido leve. En general, El Salvador continúa presentando rezagos frente a otros países de la región en la misma categoría de calificación, y a la mediana de ‘BB’ en términos de crecimiento real de PIB, ingreso per cápita, ahorro interno, gasto de inversión, y déficit fiscal.
Ahora bien, lo que más llamó la atención de los medios es el siguiente comentario sobre el clima político que ha impedido los avances económicos que le darían al país la estabilidad fiscal necesaria:
Resolver estos desafíos macroeconómicos no será fácil debido a la creciente polarización del país y a un entorno político probablemente más difícil tras la elección presidencial de marzo de 2009. Las tensiones entre la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que ha estado ganando terreno desde 2006, limita la definición de políticas, lo que se espera aumente en el camino hacia las elecciones y que continúe durante 2009 independientemente del resultado de las mismas.Esto debería llevar a los partidos políticos a una lúcida reflexión enfocada en separar los temas electorales de aquellas acciones que afectan a la nación como tal. Inteligencia, objetividad y respeto a los intereses ciudadanos es lo menos que podemos esperar de ambos partidos políticos. Pero no. Ni un chance. La reacción visceral de cada partido ha sido echar la culpa al otro, en otras palabras hacer realidad la profecía de Standard & Poor's, quienes dicen que el clima electoral aumentará las tensiones políticas y, por lo tanto, limitará “la definición de políticas”. ¿Cómo se definen las políticas en el país? Recordemos: el ejecutivo propone y el legislativo dispone con su voto.
Pero, ¿cómo respondió el presidente Elías Antonio Saca ante la pobre calificación crediticia de El Salvador? Hizo esta errónea interpretación que raya con la más descarada mentira: “Standard & Poor's son calificadores de riesgo y lo que han encontrado es que si aquí en El Salvador gana el FMLN esto sería un desastre en todo aspecto, en la atracción de inversiones” (
Saca culpa a FMLN de caída de calificación,
El Mundo, 18 de septiembre de 2008). Sólo basta leer los dos fragmentos de la evaluación oficial de Standard & Poor's que cito arriba para darse cuenta que esto es falso, pues en ningún momento evaluaron qué sucedería si el FMLN ganase las elecciones.
El diputado Roberto Lorenzana del FMLN dijo, por su parte: “Al final, Standard & Poor's le está atribuyendo responsabilidad a la gestión de Saca como gobierno porque los índices económicos y sociales que el país tiene, tienen que ver con el ejercicio de Ejecutivo” (
Atribuye FMLN baja de riesgo en El Salvador a deterioro económico,
Milenio, 21 de septiembre de 2008). Esto también es falso porque la presidencia no puede implementar las políticas económicas necesarias sin los votos del FMLN en la Asamblea Legislativa. La mayoría de políticas económicas y sociales han requerido cambios de ley.
Por lo tanto, ambos partidos están mintiendo.
¿A quién le corresponde exigir la verdad? A la ciudadanía. Nunca me cansaré de decir esto: en una democracia la ciudadanía gobierna. Aquí en El Salvador a menudo tengo la impresión de que los ciudadanos (no sólo los militantes) de ambos partidos trabajan para los políticos. Es al revés: los políticos son servidores públicos. Ellos trabajan para la ciudadanía. Cuando un tema importante está siendo discutido en la Asamblea Legislativa, los ciudadanos deberían exigirle a los partidos qué quieren de ellos, qué esperan de ellos a la hora de los votos.
El mayor riesgo político al que los diputados y funcionarios públicos deberían temer es a la venganza electoral de los ciudadanos, que deberían negarle votos a quien no les sirvió como debía.
«El interés en participar en las jornadas electorales del próximo año, constituye el más elevado que se registra en los sondeos preelectorales desde 1994, lo que estaría anticipando mayores niveles de participación electoral respecto a pasados procesos eleccionarios.»
