lunes, diciembre 18, 2006

Los verdaderos piratas II

El 20 de enero del 2006, como un prerrequisito para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, entró en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos artículos 12 y 13 establecen la protección de obras intelectuales, incluyendo creaciones literarias y artísticas como libros e imágenes fotográficas, programas de ordenador (software), obras musicales y audiovisuales, entre otros.

Para demostrar que sus leyes están en conformidad con el marco regulatorio del TLC, el Estado salvadoreño impulsó este año la persecusión de la piratería. Se han decomisado todo tipo de productos; el valor de las imitaciones piratas de zapatos Puma decomisados este año asciende a 605 mil 417 dólares. Pero pocos sectores atraen tanto la atención como la venta de productos audiovisuales piratas. El valor de los decomisos de discos compactos piratas realizados por la Policía Nacional Civil (PNC) alcanzó el valor de 1.1 millones de dólares, apenas una fracción de las obras piratas en el mercado, dado que se estima que hay 66 mil vendedores que comercian con audiovisuales piratas. Como parte de esas acciones, la PNC identificó, clausuró y desmanteló 15 laboratorios clandestinos de reproducción de música y películas.

La PNC también comenzó este año a perseguir la piratería de software, concentrando toda su atención en el allanamiento de 27 pequeños cybercafés, decomisando 342 matrices de programas. Pero hay dos sectores que han institucionalizado la piratería de software sin sufrir ninguna acción por parte de las autoridades: la empresa privada y el gobierno. Según Manuel Chacón, apoderado judicial de Business Software Alliance (BSA), integrada por las compañías Windows y Adobe, entre otras, el 76% de los programas de computadoras utilizados por las empresas salvadoreñas son ilegales. En las oficinas de las instituciones estatales, el porcentaje de programas piratas utilizados asciende a un 80%.

“El representante de BSA dijo que el gobierno debe ser el primero en predicar con el ejemplo”, escribió Alma López en un artículo de El Diario de Hoy publicado el lunes 18 de diciembre, 2006. “(Gabriel) Buitrago (apoderado legal de Sony BMG) y Chacón coinciden en que el irrespeto de la propiedad intelectual da una mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros. El apoderado legal de BSA pide que se intensifique el trabajo del gobierno y la Fiscalía General para combatir un problema que genera pérdidas a las firmas”.

3 comentarios:

El-Visitador dijo...

En gringolandia, la BSA está sumamente desacreditada. Acordate que no es más que un frente de Microsoft y sus aliadas. A menudo se le ha encontrado distribuyendo estadísticas absolutamente falsas, para promover la venta de productos de Microsoft y sus aliados y/o promover leyes que van en favor de Microsoft.

En El Salvador hay piratería, y mucha, pero las cifras que la BSA promueva siempre tendrán una agenda detrás y no son de fiar.

Solavá dijo...

Cuando escribí esto me abstuve de emitir una opinión, porque la noticia en sí me parece sorprendente y refleja el doble estándar con que se aplican las leyes. La "institucionalidad" y el "estado de derecho" al que se alude todo el tiempo como condiciones para el desarrollo de la democracia y del libre mercado significan reglas del juego claras para todos.

La BSA representa los intereses de varias empresas transnacionales, obviamente, pero también los hacen Sony BMG, y también la franquicia Blockbuster que ha cerrado todas sus tiendas excepto una debido a las pérdidas asociadas a la piratería, y ninguno de ellos están contentos con la falta de voluntad del gobierno para mantener el estado de derecho para todos, porque ese es el punto. Todas las compañías reproductoras de discos de música en El Salvador quebraron hace años debido a la competencia de los cassettes piratas Supersonido, cuyo dueño se hizo millonario; fue él quien estableció y consolidó las redes de distribución y venta de música pirata en el centro; por supuesto, ya no se dedica a la piratería y es un empresario legal porque en este país no hay historia y nadie paga por las consecuencias de lo que hacen.

El porcentaje de cuánto software pirata utilizan las instituciones de gobierno proviene de un estudio realizado en el 2003 por el gobierno mismo, pero supongo que, a estas alturas, también ellos están bastante desacreditados y quizás no sea el 80% de software pirata el que utilizan sino el 90 o el 100. Quién sabe. El hecho es que el Estado ha admidito que esto es verdad y es uno de los puntos de agenda para el otro año. Lo más irónico es que esta tarea está en manos de un Ministerio sin poder: el de Economía.

Una anécdota. Hace un par de semanas hice la prueba de buscar software nuevo y fui a Office Depot. Después de darme los precios absurdamente altos para este país, entre $600 y $700, una vendedora me dijo que no tenían productos en existencia porque no se vendían. Le pregunté cuándo iban a tenerlos. Me miró extrañada. "En cualquier ciber se los venden", me dijo. Al día siguiente indagué en algunos cibercafés y descubrí que una copia pirata de Microsoft Office Professional se vende por $16, "calidad garantizada".

¿Alguien ha pensado alguna vez en la idea de precios justos para la economía de cada país, por ejemplo en el caso de software y de medicinas? No sé, sólo una tonta idea.

Anónimo dijo...

Otra anécdota.
Quería comprar una película original en DVD, fui a Simán de Santa Ana a ver si la encontraba. Me dijeron que ellos ya no vendían películas ni música y me puse a pensar que en Occidente, ya no hay ningún lugar donde se pueda comprar una película original. En Santa Ana no hay ninguna venta de CDs y DVDs, dudo que lo haya tambien en en Sonsonate y Ahuachapán.
La única opción que me quedaba para comprar esa película en original, fue ir a Multiplaza, aproveché un compromiso en SS y la fui a comprar ahí.
Aunque claro, me hubiera salido mucho más fácil darme una vuelta por el centro y comprarla.