viernes, febrero 29, 2008

Apagón planetario

Atenúe el calentamiento global

Participe usted y su familia del apagón planetario el 29 de Febrero de 2008

Oscuridad mundial: en Febrero 29, 2008 desde las 19:55 a las 20:00 horas, hora de América Central. Lo cual corresponde a la 1:55-2:00 de la madrugada del 1 de marzo en horario internacional GMT (referido al meridiano de Greenwich).

Se propone apagar todas las luces y si es posible todos los aparatos eléctricos, para que nuestro planeta pueda "respirar".

Si la respuesta es masiva, la energía que se ahorra puede ser brutal.

Solo 5 minutos y vea que pasa.

Si estamos 5 minutos en la oscuridad, prendamos una vela y simplemente la miramos y
nosotros estaremos respirando y nuestro planeta.

Recuerde que la unión hace la fuerza y el Internet puede tener mucho poder y puede ser aun algo más grande.

Pase la noticia, si usted tiene amigos que viven en otros países envíeselo a ellos y pedirles que hagan la traducción y ajusten las horas.

* * *

Nota: Recibí este mensaje por correo electrónico. Normalmente no tomo muy en serio estos llamados. Pero este me gustó. ¿Qué me cuesta apagar todas mis luces durante cinco minutos esta noche? Aun si nadie más lo hace, es un gozo realizar un acto simbólico, actos con un significado personal. Ayer, por coincidencia, vi el documental "Una verdad inconveniente" en el que aparece Al Gore explicando el calentamiento global, y muy, pero muy bien. Incluso los escépticos que buscan explicaciones económicas se sorprenderán al oír argumentos persuasivos en ese sentido. Recomiendo mucho ese documental.

viernes, febrero 22, 2008

Escoria Estatal

El siguiente artículo apareció en la edición de esta semana de Proceso.

La gente que habita el cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, es víctima indiscutible de los desastrosos tres últimos gobiernos centrales, que permitieron su intoxicación y la contaminación de su ambiente por plomo. La salud de muchas personas, sobre todo niñas y niños, ya fue dañada. Aunque no se ha querido establecer oficialmente, la causa reside en las operaciones de la fábrica Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., más conocida como la “Record”. La situación es hoy más grave tras el inadecuado cierre de la misma en septiembre del 2007. Se trata de una manifiesta y confesa actividad estatal negligente, inepta y hasta perversa. Por actuar así, la empresa puede ahora denunciar dentro y fuera del país a la administración de Antonio Saca. Se puede entrar, entonces, a un escenario de grandes litigios –con millonarias sumas de por medio– que propicie, aún más, el olvido y el desprecio de las y los habitantes del lugar. La dimensión del asunto amerita que la sociedad salvadoreña identifique responsabilidades y exija transparencia, justicia y respeto de la dignidad humana.

El drama de esa población inició en marzo del 2005, cuando residentes de la zona presentaron su denuncia en el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); también en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Entonces se dijo que al menos 7,250 personas presentaban deterioro en su salud, por vivir cerca de la fábrica. Las entidades dizque investigaron, pero sólo la PDDH hizo recomendaciones oportunas –ese mismo año– a los dos ministerios. El de Salud, entre maltratos a la gente y acciones poco claras, tomó muestras médicas a menores de edad con fondos de la “Record” pero prohibió comunicar los resultados de las mismas a los padres de familia, pese a que resultaron positivos al plomo. Esto debe aclararse.

El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos de América (CDC, por sus siglas en inglés) determinó que había niños y niñas con plomo en su sangre; al menos tres, sobrepasaban los niveles de plomo en la sangre permitidos por estándares internacionales. Quiere decir que el Estado supo con antelación de esa intoxicación infantil. Tenía, entonces, que haber actuado con diligencia brindándoles el tratamiento adecuado, realizando una investigación técnica y legal para determinar con exactitud si la fábrica era la fuente directa del mal, y estableciendo el impacto en el ambiente mediante la evaluación y el control de las emisiones de sus hornos. Debió adoptar, sobre la base del principio precautorio, medidas para resguardar la salud de esa población que desde hace tanto tiempo respira, come y bebe plomo.

Pero no. Según integrantes del Movimiento Sin Plomo (MSP), colectivo de víctimas organizadas en torno a los hechos, durante los siguientes dos años el MSPAS practicó otros análisis que siempre revelaron niños y niñas con plomo en su sangre; un buen número por encima de la norma, según los resultados de las muestras más recientes examinadas en México.

Esa es la verdadera tragedia: que tras establecer la existencia de víctimas infantiles, cuyo daño neurológico puede hacer pedazos sus proyectos de vida, el gobierno calle o –peor aún– no impulse medidas para evitar que la intoxicación continúe, no realicen pruebas a toda la población vecina de la “Record” para establecer la magnitud precisa del problema y no adopte las disposiciones necesarias para enfrentar el impacto social del caso, como el traslado de las comunidades a otros sitios en condiciones dignas, el resguardo de sus propiedades tras su salida de la zona y la protección a quienes consuman, en todo el país, productos alimenticios u otros provenientes de la misma. No se han determinado, además, las responsabilidades legales y políticas de quienes permitieron que todo eso ocurriera.

Para colmo, se llevaron de encuentro el debido proceso administrativo al momento de cerrar la millonaria empresa y ya se tuvo que revocar la medida. La “Record” pasó, entonces, de victimaria a víctima. Ahora, pues, “los pájaros le tiran a las escopetas” por haber ejercido mal una potestad al aplicar una sanción inexistente. Hasta el titular del MSPAS, Guillermo Maza, lo confesó según un reportaje periodístico (EDH, 8/2/2008, p.14).

No obstante lo anterior –producto de la negligencia, la ineptitud o la malicia estatal– la gente que habita el lugar sigue siendo la más atropellada en sus derechos fundamentales. No debe obviarse un asunto de lógica elemental. Que a un imputado le irrespeten sus garantías procesales, está mal; pero eso no significa que su delito quede impune. De ahí que, en noviembre del 2007, el MSP y el IDHUCA presentaron más de veinte denuncias penales por el delito de “lesiones muy graves”, señalando como responsables a directivos y accionistas de la empresa. La Fiscalía General de la República, aún no las ha judicializado.

¿Qué pretendía el MSPAS con el “cierre total” de la “Record”? ¿Frenar la intoxicación y la contaminación por plomo o las crecientes críticas por su blandengue actuar? Tras la infeliz medida ejecutada por Maza y consentida por el MARN, que representa una de las mayores torpezas entre las muchas del actual gobierno, arribó al país un técnico ambiental para realizar una auditoria cualitativa de la misma. En su informe, Brian Wilson –del Centro Internacional para el Manejo del Plomo (ILMC, por sus siglas en inglés)– indicó que el estándar mínimo para efectuar este tipo de clausuras es de cuatro días. Eso no pasó acá y los residuos del mineral manipulados en la fábrica quedaron expuestos, sin embalar ni recibir el tratamiento adecuado. Wilson detalla que “(...) debido a la repentina clausura de la planta, alrededor de 20 toneladas de escoria habían quedado en una bodega abierta en el área de los hornos”. Entonces, ahora resulta más peligrosa la fábrica que cuando funcionaba. De ahí la presión actual del MARN para que mueva escoria y cenizas, entre otros elementos tóxicos. Wilson recomendó superar esta situación, pero la “Record” y el Ministerio no han acordado cómo. Pero sin proponérselo ambas partes, ¿o sí?, han generado un proceso de contaminación que podría terminar en un desastre ambiental.

Este gobierno sabe que la medicina salió peor que la enfermedad. No calmó a las víctimas principales, que continúan luchando por obtener justicia plena. No eliminó la contaminación producida por la fábrica. Eso sí, consiguió que lo demanden y –de ser condenado– la próxima administración del Ejecutivo, la que sea, deberá cancelar una millonaria y ominosa indemnización a quienes con su negocio dañaron la salud y el entorno de tanta gente. Y no será con dinero de Maza, Saca o cualquier otro funcionario metido en el lío; lo hará con impuestos del pueblo. ¿Quién responde por eso?

Un Estado fracasa si no cumple los fines de su actividad. Y de éstos, el principal es la persona humana que –según el primer artículo de la Constitución– también es su origen. Así pues, ante tanto y tan evidente fracaso estatal, el MSP y el IDHUCA solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares urgentes para proteger la vida, la integridad personal y la salud de ciento y una personas afectadas; también para el resto de habitantes de la localidad que pueden ver perjudicada su salud debido al actuar estatal permisivo y torpe.

Y, ojo, el problema no acaba con este caso. El país no cuenta con un espacio para tratar los desechos industriales y, sin embargo, son muchas las industrias que los generan. ¿Adónde los botan? Hoy fue la gente de Opico y antes la de Soyapango, donde estaba la “Record” hace más de catorce años. ¿Le tocará luego a la de Antiguo Cuscatlán o de Cuscatancingo? Sin controles que sirvan, sin sanciones que se impongan y sin programa estatal para enfrentar estas situaciones, ¿qué le depara el destino a este país? Porque su mapa de riesgos por desechos industriales, ni comienza ni termina en el Sitio del Niño.

Queda pendiente la justicia a las principales víctimas, las afectadas por el plomo, así como la rendición de cuentas a toda la sociedad mediante antejuicios, interpelaciones y denuncias mediáticas. Saca debe hacerlo pues al menos tres de sus ministros, por acción y omisión, son responsables de uno de los peores atentados contra el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en El Salvador.

Justicia, ¡ya!

domingo, febrero 17, 2008

Una verdad aborrecible

El domingo 17 de febrero recibí un comentario anónimo en un post del mes pasado. Dado que el comentario no se refiere al contenido del post sino a una serie de artículos que publiqué en El Diario de Hoy sobre el cierre de la planta industrial Record en Sitio del Niño, coloco el comentario a continuación y luego mi respuesta.

Anónimo escribió:

Lo que me parece insólito, inaudito y lamentable es que se trate de enfocar este asunto desde una perspectiva tan sesgada y mafiosa.

Máxime cuando hablamos de la salud de niños/as.

Pero la voracidad económica de algunos y la mercenaria disponibilidad plumífera de los serviles de ayer, hoy y siempre nos ofrecen este tipo de periodismo de investigación al servicio de la mentira.

En cualquier país del mundo que se precie este empresario estaría hace meses en la cárcel. Aquí acabará recibiendo una indemnización.


Mi respuesta:

Tengo que suponer que el comentario anterior se refiere a una serie de artículos que aparecieron en El Diario de Hoy entre los días 7 y 9 de febrero pasados. Esos artículos los escribí yo, Jorge Ávalos.

El punto principal que hace "Anónimo", supongo, aunque esto no es muy claro porque ha escrito su nota con el hígado, es que esos artículos son una muestra "de periodismo de investigación al servicio de la mentira". La verdad es que no hay un solo dato falso en esos artículos. Nada de lo que se dice en ellos es una mentira, por lo tanto no puede ser calificado de periodismo al servicio de la mentira. Todo lo que se dijo está sustentado no sólo por la documentación que aparece citada, sino por mucha documentación y por testimonios que no fueron citados pero que me ayudaron a comprender lo que había ocurrido.

El mismo día en que apareció el primero de esos artículos publicados, el ministro de Salud Guillermo Maza admitió que lo se decía allí era cierto: el Ministerio de Salud revocó el 28 de enero todas las actuaciones que la Unidad de Sitio del Niño llevó a cabo para justificar el cierre de la fábrica, y en efecto dejó sin fundamento legal el cierre de la fábrica. La explicación que aparece en esa resolución es que el procedimiento para sancionar a la empresa y que fue revocado era ilegítimo por razones constitucionales. Cuando el Estado viola la Constitución violenta los derechos de todos.

Ahora el ministro Maza anda diciendo por ahí que "el procedimiento no fue malo". Si el procedimiento no fue malo, entonces ¿por qué lo revocó? El cierre, tal y como está en este momento, es nulo. Esas irregularidades abren la puerta a las demandas contra el Estado. Mayor razón para denunciar el trabajo tan ineficiente e hipócrita del Ministerio de Salud.

Tampoco hay "una perspectiva tan sesgada y mafiosa" en esos artículos. Todos los medios de comunicación han escrito mucho sobre el caso, incluyendo El Diario de Hoy. Pero el propósito de estos artículos fue investigar cuáles eran las implicaciones del cierre de Record. No sabíamos qué íbamos a encontrar. La primera señal de que había algo raro con todo esto se vislumbró para mí cuando descubrí que al día siguiente del cierre el Instituto de los Derechos Humanos de la UCA dio una conferencia de prensa para denunciar la manera en que esta acción se efectuó, sobre todo porque la clausura de Record no lo realizó la autoridad competente. Así que investigué ese ángulo legal, y pude comprobar que IDHUCA tenía razón.

El viernes 8 de febrero, también el procurador Oscar Luna admitió que cuando él solicitó medidas cautelares contra Record, indicó que éstas debieron haber sido llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente (la autoridad competente), no por el Ministerio de Salud. Ahora preguntémonos, ¿a quién beneficia que el procedimiento haya sido tan errado?

En otra parte lo dije: Yo sólo reporté la verdad sobre este caso, y el hecho de que esta verdad sea aborrecible no la hace menos verdadera. Lo que yo ahora quisiera saber es: ¿Por qué la gente prefiere haber ignorado que esto estaba ocurriendo? El Ministerio de Salud revocó el 28 de enero de 2008 el fundamento legal del cierre de Record y no se lo dijo a nadie, absolutamente a nadie. No se lo dijo a las comunidades, no se lo dijo a los medio de comunicación ni a los diputados en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, era urgente que la gente lo supiera, era urgente que las comunidades y pobladores que habían denunciado la contaminación y que habían visto una victoria en el cierre se percataran de lo que el Ministerio de Salud estaba haciendo sin decírselo a nadie.

Durante el 2007 el Estado incurrió en muchas arbitrariedades que la mayoría de blogueros denunciaron: los cargos por terrorismo contra manifestantes en Suchitoto o la publicidad policial que violó el debido proceso en el caso de Mario Belloso. También yo denuncié esas arbitrariedades, a veces antes que otros y con mucha más fuerza, en este blog. Las arbitrariedades del Estado en el caso Record son igualmente peligrosas porque rompen con la fábrica de la constitucionalidad y dejan a los salvadoreños sin el soporte que los protegería de abusos a sus derechos humanos y civiles. Es muy peligroso que un ministro pueda hacer lo que le da la gana cuando quiera sólo porque tiene potestad sobre ciertos ámbitos y actividades sociales. Si la sociedad les permite actuar sin respetar el debido proceso, ¿qué le impide al Ministro de Gobernación cerrar y prohibir que organizaciones como CESTA o UNES, que han denunciado la contaminación en este caso, continúen operando, por ejemplo?

No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que el Estado actúe de forma inconstitucional. Si lo permitimos sería "insólito, inaudito y lamentable", y sería darle al Estado un poder que no merecen tener en sus manos, sobre todo después de que el Ministerio de Salud ha actuado de una manera "tan sesgada y mafiosa" atribuyéndose poderes que no tiene con el fin de borrar de un golpe las denuncias que la comunidad había acumulado contra su mal desempeño en Sitio del Niño.

Denunciar las arbitrariedades del Estado en este caso no le quita nada a las víctimas. Al contrario, demuestra hasta que punto llegó la ineficiencia del Ministerio de Salud, que había incapaz de demostrar el daño, para muchos tan evidente, de la contaminación en Sitio del Niño ese 24 de septiembre de 2007, cuando cerraron Record en un descarado show político que, ahora sabemos, no hizo nada más que revictimizar a la población.