domingo, enero 21, 2007

Los precios de combustibles y los consumidores burlados

Lo que escribí el viernes se mantiene vigente: la idea de que el gobierno controlará los precios de combustible pudo haber llenado de esperanza a mucha gente pero casi puedo asegurar que no ocurrirá. Tal y como reporté, La Prensa Gráfica manipuló una declaración del presidente Antonio Saca para hacer creer que él había dicho que pedía control de precios de combustible. Esto es lo que el mismo periódico asevera que Saca dice ahora:

“En ningún momento estamos de acuerdo con controlar precios”, dijo el mandatario, recordando que en países donde se da este tipo de supervisión los costos de los derivados del petróleo generalmente son más caros.

La Ley de Hidrocarburos vigente en el país data desde los años setenta, y aunque se le han hecho algunas modificaciones, no norma la compra y venta de los combustibles.

El mensaje que se quiso dejar claro es que el Gobierno defiende el libre mercado, pero que el Estado debe intervenir cuando existan abusos.

Gobierno dispuesto a sancionar petroleras, Luis Andrés Marroquín, enero 21, 2007.

El título de esta última nota no dice nada nuevo. El gobierno no sólo está supuesto (y dispuesto) a sancionar petroleras, sino que de acuerdo a la ley ya existente de competencia debe sancionar a las petroleras si efectivamente hay un cartel, es decir, si existe un acuerdo entre ellas para mantener los precios a cierto nivel. El tema de los precios de combustibles fue, por cierto, la primera tarea que empezó a realizar la Superintendencia de Competencia tal y como lo revela esta nota de enero de 2006, Garantizarán la libre competencia. Yo mismo cubrí el desarrollo de la nueva Ley de Competencia, y he aquí una entrevista con Celina Escolán, diciendo con absoluta claridad que “La ley no busca crear una cacería de brujas”. Por esta razón las petroleras están muy tranquilas.

Es casi imposible que en El Salvador, con el actual marco legal y con el tipo de poder que tiene la empresa privada y la industria, que el Gobierno interfiera para controlar los precios del combustible. Si ya tenemos herramientas para investigar, estudiar y sancionar a los que no cumplan con las leyes de competencia, ¿para qué necesitamos una nueva comisión de la Asamblea Legislativa que haga lo mismo? El último artículo de La Prensa confirma que hay duplicación de trabajo: “El Ejecutivo está haciendo su propia investigación a través del Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia”.

Es posible que se den algunas reformas a la Ley de Hidrocarburos, pero no va a ser porque el presidente lo ha pedido. Ahora bien, supongamos que la nueva comisión de la Asamblea Legislativa creara un ente regulador de los precios del combustible. Esto sería histórico, porque reflejaría un cambio paradigmático en la conducción política del país. El mensaje de ese acto político sería una admisión por parte de los legisladores de que las prácticas neoliberales han fracasado y que el Gobierno debe jugar un papel más activo interviniendo en el mercado. ¿Hay alguien que cree que esto va a suceder?

De nuevo, todo esto es una increíble farsa política. ¿Por qué se hizo? ¿Podría algo bueno salir de esto? El Salvador es todavía un país en el que no hay una verdadera incidencia democrática desde abajo. La ciudadanía no sabe cómo ejercer el tipo de presión que existe en las democracias más desarrolladas para que se den cambios cuando estos son necesarios. Los altos precios del combustible, cuando son injustificados, son una buena razón para que la gente proteste; de hecho, esa es la principal motivación de los transportistas públicos para hacerlo. Si la gente común y corriente no se queja, porque está pobremente informada o porque no sabe cómo interpretar la información que los medios le arrojan, tal vez sea bueno que el gobierno hable por la ciudadanía de vez en cuando, expresando sus preocupaciones. Pero esta es una señal muy triste, porque demuestra que aún tenemos una democracia muy débil.

viernes, enero 19, 2007

¿Quién dijo qué? El falso control de los precios del petróleo

El titular de la primera página de La Prensa Gráfica de este día es: "Saca pide control de combustibles". Lo que representa la publicación de esta noticia es más grave de lo que parece porque revela las serias debilidades del periodismo nacional. La cuestión es esta: de acuerdo a la ley que tenemos en El Salvador el mercado es libre, o sea que el gobierno ejecutivo no puede intervenir y pedir un control de precios. Esto, que es fundamental, lo deberían saber los editores de un periódico. Y si esto habría sido lo que Tony Saca pidió, entonces la noticia debió haber sido que el presidente se impone por encima de la ley y ha decidido, a la manera de Chávez, intervenir y controlar los precios de combustible. Eso sería una cosa muy seria porque atentaría contra el marco actual de las leyes. Pero, ¿es esto lo que hizo Saca?

Si se leen las citas en el artículo de La Prensa Gráfica uno se da cuenta que Saca no pide "control de combustibles", sino que ha solicitado que se investigue por qué el traslado de precios que se está dando a escala internacional no se está reflejando en El Salvador. La Prensa no dice cuándo comenzaron a bajar los precios a escala internacional pero, si no me equivoco, fue en septiembre del 2006 y por razones de competencia debería haber cierto nivel de presión para tener precios más bajos, aun cuando se está comercializando con combustible comprado hace tres o cuatro meses.

La cuestión crítica, que no explora La Prensa Gráfica, es si los compradores y distribuidores de combustible en El Salvador han llegado a un acuerdo para mantener los precios a cierto nivel, en lugar de responder a las presiones del mercado libre. Si esto está ocurriendo -y las petroleras dicen rotundamente que no-, esto indicaría, a grandes rasgos, que se están socavando las reglas del mercado, que necesita de la libre competencia para mantener calidad y precios bajos. ¿Quién sugiere esto? La ministra de Economía Yolanda de Gavidia, quien dijo en una entrevista a La Prensa Gráfica que de acuerdo a las reglas, esta preocupación expuesta por la Defensoría del Consumidor debe pasar a manos de la Superintendencia de Competencia para que investigue y determine si es esto lo que está sucediendo. Pero esta aclaración de la ministra no aparece en la nota de La Prensa Gráfica, sino en la grabación de audio sin editar que está en la misma página.

Este es un caso en el que las cosas han funcionado exactamente como deberían. La Defensoría del Consumidor se ha mantenido alerta en función de los intereses de los consumidores, el poder ejecutivo ha sido alertado y como consecuencia la Superintendencia de Competencia va a actuar para saber si se mantienen las reglas del libre mercado y la competencia en función de la calidad de los productos y de precios bajos para los consumidores. Sólo hay dos posibles resultados de este movimiento de cosas: 1) Competencia resuelve que no hay problema y las cosas siguen inalteradas o 2) resuelve que sí hay un problema, se penaliza a los que no han jugado limpio y las cosas vuelven a la normalidad.

Lo que todo esto significa es que la verdad fundamental que está detrás de esta noticia ha sido tergiversada deliberadamente o por una mala interpretación de los sucesos y ha sido colocada al frente de las noticias del día sin ningún fundamento, porque no hay nada que indique que Saca esté pidiendo control de precios en los combustibles. De hecho, él no puede ni debe controlar precios porque no tiene la autoridad para hacerlo.

¿Por qué una declaración que nunca fue dicha se convirtió en la portada de un importante matutino? Ahora sé que la respuesta está en esta noticia de última hora publicada en el sitio de internet de La Prensa Gráfica:

"Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron de manera unánime esta tarde, por iniciativa del presidente de la República, Elías Antonio Saca, la creación de una comisión reguladora de precios de combustible e hidrocarburos.
Esta comitiva se encargará de vigilar y regular los precios del combustible e hidrocarburos para verificar que las reducciones y aumentos en el valor del barril de crudo se vean reflejados en el mercado local.
Esta medida parlamentaria se toma luego que el presidente Elías Antonio Saca ordenara ayer al Ministerio de Economía (MINEC) y a la Defensoría del Consumidor (DC) revisar si las bajas en los precios internacionales del petróleo se reflejan en los galones de combustible que pagan los consumidores en el país."
(http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/6869.asp)

Notemos que ya no se dice que Saca pidió "control de precios" sino que ordenó ayer "revisar si las bajas en los precios internacionales del petróleo se reflejan... en el país". Ahora sabemos que esta fue una noticia creada de la nada para empujar una acción política. No estoy opinando sobre si una comisión reguladora de precios de combustible es buena o mala, estoy opinando sobre los usos de una conveniente tergiversación en los medios de comunicación. Esta noticia va a ser recibida con asco por algunos sectores y con desbordante alegría por otros. Unos opinarán que se está atentando contra la libertad del mercado y otros opinarán que han prevalecido los derechos de los consumidores. Sobre todo, esta acción será recordada como un hito: la primera muestra de concertación política entre el Estado y la oposición en el 2007. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Realmente habrá en el país una "comisión reguladora de precios de combustible e hidrocarburos"?

No, la Asamblea no ha creado una comisión reguladora de precios porque las actuales leyes salvadoreñas no permiten ese tipo de interferencia estatal en el mercado. ¿Qué va a hacer la Asamblea entonces? Perder el tiempo. Pretender hacer lo que ya hizo la Defensoría del Consumidor, un estudio de la relación entre los precios internacionales y locales del combustible. También pretenden hacer lo que le corresponde hacer por ley a la Superintendencia de Competencia: estudiar si hay abuso por parte de los distribuidores de petróleo. Pero a fin de cuentas, nadie va a regular los precios del combustible porque la ley no lo permite. Y la Asamblea no debería hacer lo que las instituciones creadas por la ley ya están haciendo. Esta es una farsa política empujada por las mentiras y manipulaciones de un periódico. No encuentro otra manera de explicarlo.

sábado, enero 13, 2007

Una calamidad

Este día, en el aniversario del terremoto del 13 de enero de 2001, apareció un reportaje en El Diario de Hoy sobre la capacidad actual de respuesta de la nación ante los grandes desastres. Tenemos una nueva ley y una nueva institución de Protección Civil. Dado que fue fundada hace seis meses, y que es tan reciente el nuevo marco legal y las entidades y herramientas creadas, todavía es un tanto prematuro evaluar la capacidad que tenemos para responder a los desastres.

Pero lo que más me llama la atención de este reportaje es la mención que hacemos de una evaluación realizada por el Banco Mundial de los proyectos de reconstrucción después del terremoto de octubre de 1986. Con este gran préstamo el Estado construyó el actual Centro de Gobierno. Pero los proyectos sociales en los que se invirtió fueron un gran fracaso.

Muchas de las viviendas a las que se hace alusión en el fragmento citado a continuación están abandonadas y en una zona de Apopa ahora plagada por las maras. Los únicos que salieron verdaderamente beneficiados de estos proyectos fueron las compañías de construcción, que en lugar de levantar las modestas viviendas que estaba supuestos a hacer, construyeron unidades tres veces más caras, convenciendo al Estado de comprar tierras nuevas en lugar de simplemente reconstruir en las zonas afectadas por el terremoto. A pesar de lo que dice al final el oficial del Banco Mundial, yo dudo que el Estado haya aprendido la lección. Jesús Barrio, un representante de la organización Geólogos del Mundo critica el limitado concepto de "vulnerabilidad" del Gobierno, y explica por qué debe ser entendido más ampliamente: "El concepto de vulnerabilidad debe cruzar las condiciones económicas, como el tipo de vivienda y los ingresos, con la amenaza de riesgo; por ejemplo, una persona que tiene su vivienda asegurada es menos vulnerable que una que no tiene un seguro".

Lean y lloren:

El terremoto del 10 de octubre de 1986, que según organismos internacionales tuvo una magnitud Richter de 7.5 grados, dejó un saldo de 1,500 muertos, 10,000 heridos y 300,000 damnificados.

El daño físico fue calculado en $1,030 millones, equivalente a un cuarto del producto interno bruto de ese año.

En apoyo a los esfuerzos de reconstrucción, el gobierno salvadoreño recibió $78.5 millones en préstamos, aprobados en 1987. De estos, $13.5 millones fueron otorgados por el gobierno de Japón; los otros $65 millones, por el Banco Mundial.

Veinte años después es posible acceder a las evaluaciones del impacto a largo plazo de las actividades de respuesta, como las que realizó el Banco Mundial en 2004.

El equipo de evaluaciones operativas del Banco Mundial le dio a El Salvador una calificación general de "moderadamente satisfactorio" (es decir, menos que satisfactorio) a la implementación y los resultados del proyecto de reconstrucción.

El resultado mejor evaluado por los analistas del Banco Mundial fue la construcción de la nueva infraestructura para el Centro de Gobierno, que aún se mantiene en pie a pesar de los dos terremotos posteriores de 2001.

Los proyectos sociales, sin embargo, dejaron mucho que desear. Sólo la mitad de los $9 millones destinados a los micropréstamos diseñados para restaurar las capacidades productivas de los afectados fueron otorgados debido al "pobre mercadeo y a los registros ineficientes".

Los damnificados fueron reubicados a Apopa en 6,344 nuevas viviendas, a un costo de $20.2 millones. Pero el estudio del Banco Mundial realizado en 2003 afirma que sólo el 47% de los ocupantes originales todavía habita las unidades.

Muchas de las viviendas fueron construidas con materiales de baja calidad. Un condominio fue dañado por los sismos de 2001. Pero el problema principal con la mayoría de las casas es que resultaron ser tres veces más caras de lo programado, porque fueron construidas en zonas sin servicios básicos, generando costos adicionales.

Por esta razón, fue difícil para una gran parte de los damnificados pagar los créditos. Muchos fueron expulsados de sus viviendas. Al final, todas las instituciones de crédito involucradas quebraron por las abrumadoras deudas.

La reubicación separó a las comunidades damnificadas rompiendo y desaprovechando las redes sociales pre existentes.

A pesar de todo esto, argumenta Gregory Ingram, director general de Evaluaciones, "el proyecto fortaleció la capacidad del Gobierno para planificar y administrar esfuerzos de reconstrucción, y consolidó su preparación para responder a las futuras emergencias nacionales".

El reportaje apareció bajo mi nombre, pero en realidad trabajaron otros dos periodistas más: William Alfaro y Lillian Martínez.

lunes, enero 08, 2007

La noticia invisible II

Bueno "La noticia invisible" dejó de serlo, en parte al menos, con la publicación este día en El Faro de una nota sobre el arresto domiciliario de los dos más altos directivos de Bancolombia. Creo que se trata de una nota bastante neutral. No sé qué piensan otros, pero no me parece que hace de la situación un escándalo, ni que ha tratado el tema de forma amarillista. Me sorprendió descubrir que la intención de Bancolombia es comprar el 100% de las acciones, y no el 52% como había creído, según un comunicado del mismo Banco Agrícola:
San Salvador, El Salvador, 22 de Diciembre de 2006 – Bancolombia S.A., a través de su subsidiaria panameña Bancolombia Panamá S.A. (“Bancolombia”), anunció hoy un acuerdo para adquirir en efectivo hasta el 100% de las acciones de Banagrícola., S.A. (“Banagrícola”) a un precio de US$47 por acción, lo que equivale aproximadamente a US$900 millones por la totalidad del paquete accionario. El acuerdo está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
También es probable que después del martes 9 de enero la noticia sea cubierta por los principales periódicos matutinos, porque de acuerdo con El Faro el Banco Agrícola presentará su posición oficial:
En El Salvador aún se desconoce cómo afectará la orden de captura de los directivos en los accionistas, ahorrantes y sistema financiero salvadoreño. “No va a tener ningún efecto sobre actuaciones de trabajo del Banco, (AFP) Crecer, (y) Asesuisa”, dijo el viernes un ejecutivo del Banco Agrícola, que pidió el anonimato alegando que su institución no ha fijado una posición oficial aún. “No podría adelantar si afecta la compra, el proceso sigue, se está esperando las aprobaciones de los entes reguladores. Todo sigue normal”, explicó. El Banco aseguró a este periódico que el martes de esta semana presentarían una posición oficial.
El único detalle que no se menciona es que los demandantes que fueron afectados por las estafas de los ejecutivos están buscando la disolución de la fusión que hizo de Bancolombia una fuerza financiera con el poder para expanderse internacionalmente. Algo que, con toda probabilidad, no va a suceder, pero uno nunca sabe. Un fiasco así sucedió antes cuando un banco dominicano intentó comprar al Banco Cuscatlán.

Repito lo que dije en respuesta a un comentario: La responsabilidad de un medio es hacia sus lectores, y su ética se debe afirmar en la verdad, no en la verdad a medias.

La caricatura de Mafalda por Quino me la envió Walo.

En la bitácora Xibalbá de Ixquic aparece una reflexión pertinente: Calidad, transparencia y ética en la información se puede mejorar.

sábado, enero 06, 2007

Historia espontánea


La fotografía muestra a Pedro Julio Hernández, líder de los vendedores de la calle en la zona ex Biblioteca Nacional. Él mismo eligió el lugar para este retrato, por tratarse de un “punto histórico de la ciudad”: la primera barbería de la calle, fundada hace unos tres meses. ¿Acaso está cambiando nuestro sentido de lo que significa historia?

El siguiente fragmento proviene de una nota secundaria publicada en El Faro sobre los sucesos culturales del 2006, y finaliza con las opiniones coincidentes de Roberto Galicia y la mía sobre el tema de la pérdida irreversible del patrimonio cultural en el Centro Histórico de San Salvador:

Roberto Galicia, director del Museo de Arte y ex presidente de Concultura, sostiene que una de las perdidas más grandes a nivel de patrimonio cultural en el país está retratada en el Centro Histórico de la ciudad.

En ese desastre participa en proporciones iguales Concultura y la Alcaldía de San Salvador. Cada vez se retrocede más, por mucho que se hable, el Centro Histórico se ha convertido en una frase circunstancial y es un campo en el cual literalmente no se ha hecho nada. Hay un retroceso total en el Centro Histórico como parte de la memoria, de la historia del país, como problema urbano”, indica Galicia.

Para el escritor y critico de arte Jorge Ávalos es una gran tristeza lo que está pasando al patrimonio histórico del centro de San Salvador. “Todas las leyes están acompañadas de dos tipos de acciones: una para castigar lo negativo y una para apoyar lo positivo, entonces la ley de patrimonio no tiene ese aspecto positivo. No hay incentivos para que la gente invierta en comprar esas propiedades, en restaurar, protegerlas, conservarlas. Estamos ante una situación en la que Concultura, por inacción, está coadyuvando a la destrucción del patrimonio histórico del centro de la ciudad”.

Según una colega periodista, el director de Patrimonio Cultural de Concultura, Héctor Ismael Sermeño, declaró recientemente en su propio programa de televisión en el Canal 10 que “a la gente que vive allí (en el Centro Histórico) le gusta tal y como es”. ¿Qué tan cierta puede ser esta declaración?

El último estudio sobre la situación habitacional en el área realizado por Fundasal y avalado por la Alcaldía de San Salvador sólo detectó 58 hogares en la zona del microcentro. Y de acuerdo a la gerencia del Centro Histórico, a quienes yo entrevisté, hay menos de 2 mil votantes en un área por la que transitan un promedio de un millón y medio de personas cada día. Y no hay una sola encuesta o estudio que yo haya visto, y examiné decenas, que indique satisfacción con el estado en que se encuentra la capital de San Salvador. Una anécdota circunstancial es una excusa muy pobre para evadir responsabilidad.

Quienes quieran tener una visión más concreta sobre este problema pueden leer La pérdida del Centro Histórico (19 de noviembre, 2006). Y sobre el problema más específico de las ventas en las calles, este acercamiento asombroso al poder de los líderes populares: El imperio informal (15 de diciembre, 2006). Escribí ambos artículos para El Diario de Hoy.

También vale la pena este artículo de Rosarlin Hernández para El Faro, y que acabo de descubrir: Las páginas de San Salvador (26 de junio, 2006).

viernes, enero 05, 2007

La noticia invisible

BOGOTA (Reuters) - La Fiscalía General de Colombia ordenó el jueves la detención de los dos directivos de más alto rango del mayor banco del país, Bancolombia, por supuestamente haber incurrido en delitos de estafa y uso indebido de fondos, informó el organismo acusador.

El fiscal general de la nación, Mario Iguarán, dijo que la decisión judicial, con beneficio de detención domiciliaria, cubre al presidente de Bancolombia, Jorge Londoño y al vicepresidente, Federico Guillermo Ochoa, dentro de una investigación por un proceso de fusión en la década pasada.

Bancolombia, la única empresa colombiana que se transa en la Bolsa de Nueva York, pertenece al mayor conglomerado del país, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y recientemente anunció el primer paso en un plan de expansión internacional, al acordar la compra del conglomerado salvadoreño Banagrícola.

Esta noticia circuló ayer por los cables, pero no fue cubierta por ningún medio salvadoreño. A finales de diciembre de 2006, se anunció que Bancolombia adquirirá el Banco Agrícola, la organización financiera más grande de El Salvador, durante el primer trimestre de 2007. Bancolombia emitió un comunicado indicando “que esta medida está dirigida contra los administradores como personas naturales y no es una medida contra la entidad, por lo tanto, esta decisión no afecta el patrimonio del Banco ni su solvencia económica”. Este detalle hace inexplicable la ausencia de la noticia en los medios.

Hay otro detalle, sin embargo, que todos debemos recordar: parte del paquete de adquisición que recibe Bancolombia con la compra del Banco Agrícola incluye la AFP Confía (poco antes Citigroup adquirió la AFP Crecer). La notica del arresto de los dos directivos de Bancolombia provocó una reacción inmediata en la bolsa de valores de Nueva York, afectando el valor de sus acciones. La Ley del Consumidor implica que los usuarios salvadoreños de AFP Confía tienen derecho a saber si sus inversiones en ese fondo de pensiones estarán seguras en manos de Bancolombia. Por esta sola razón, los medios deberían cubrir esta noticia.