Los precios de combustibles y los consumidores burlados

Lo que escribí el viernes se mantiene vigente: la idea de que el gobierno controlará los precios de combustible pudo haber llenado de esperanza a mucha gente pero casi puedo asegurar que no ocurrirá. Tal y como reporté, La Prensa Gráfica manipuló una declaración del presidente Antonio Saca para hacer creer que él había dicho que pedía control de precios de combustible. Esto es lo que el mismo periódico asevera que Saca dice ahora:

“En ningún momento estamos de acuerdo con controlar precios”, dijo el mandatario, recordando que en países donde se da este tipo de supervisión los costos de los derivados del petróleo generalmente son más caros.

La Ley de Hidrocarburos vigente en el país data desde los años setenta, y aunque se le han hecho algunas modificaciones, no norma la compra y venta de los combustibles.

El mensaje que se quiso dejar claro es que el Gobierno defiende el libre mercado, pero que el Estado debe intervenir cuando existan abusos.

Gobierno dispuesto a sancionar petroleras, Luis Andrés Marroquín, enero 21, 2007.

El título de esta última nota no dice nada nuevo. El gobierno no sólo está supuesto (y dispuesto) a sancionar petroleras, sino que de acuerdo a la ley ya existente de competencia debe sancionar a las petroleras si efectivamente hay un cartel, es decir, si existe un acuerdo entre ellas para mantener los precios a cierto nivel. El tema de los precios de combustibles fue, por cierto, la primera tarea que empezó a realizar la Superintendencia de Competencia tal y como lo revela esta nota de enero de 2006, Garantizarán la libre competencia. Yo mismo cubrí el desarrollo de la nueva Ley de Competencia, y he aquí una entrevista con Celina Escolán, diciendo con absoluta claridad que “La ley no busca crear una cacería de brujas”. Por esta razón las petroleras están muy tranquilas.

Es casi imposible que en El Salvador, con el actual marco legal y con el tipo de poder que tiene la empresa privada y la industria, que el Gobierno interfiera para controlar los precios del combustible. Si ya tenemos herramientas para investigar, estudiar y sancionar a los que no cumplan con las leyes de competencia, ¿para qué necesitamos una nueva comisión de la Asamblea Legislativa que haga lo mismo? El último artículo de La Prensa confirma que hay duplicación de trabajo: “El Ejecutivo está haciendo su propia investigación a través del Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia”.

Es posible que se den algunas reformas a la Ley de Hidrocarburos, pero no va a ser porque el presidente lo ha pedido. Ahora bien, supongamos que la nueva comisión de la Asamblea Legislativa creara un ente regulador de los precios del combustible. Esto sería histórico, porque reflejaría un cambio paradigmático en la conducción política del país. El mensaje de ese acto político sería una admisión por parte de los legisladores de que las prácticas neoliberales han fracasado y que el Gobierno debe jugar un papel más activo interviniendo en el mercado. ¿Hay alguien que cree que esto va a suceder?

De nuevo, todo esto es una increíble farsa política. ¿Por qué se hizo? ¿Podría algo bueno salir de esto? El Salvador es todavía un país en el que no hay una verdadera incidencia democrática desde abajo. La ciudadanía no sabe cómo ejercer el tipo de presión que existe en las democracias más desarrolladas para que se den cambios cuando estos son necesarios. Los altos precios del combustible, cuando son injustificados, son una buena razón para que la gente proteste; de hecho, esa es la principal motivación de los transportistas públicos para hacerlo. Si la gente común y corriente no se queja, porque está pobremente informada o porque no sabe cómo interpretar la información que los medios le arrojan, tal vez sea bueno que el gobierno hable por la ciudadanía de vez en cuando, expresando sus preocupaciones. Pero esta es una señal muy triste, porque demuestra que aún tenemos una democracia muy débil.