sábado, enero 13, 2007

Una calamidad

Este día, en el aniversario del terremoto del 13 de enero de 2001, apareció un reportaje en El Diario de Hoy sobre la capacidad actual de respuesta de la nación ante los grandes desastres. Tenemos una nueva ley y una nueva institución de Protección Civil. Dado que fue fundada hace seis meses, y que es tan reciente el nuevo marco legal y las entidades y herramientas creadas, todavía es un tanto prematuro evaluar la capacidad que tenemos para responder a los desastres.

Pero lo que más me llama la atención de este reportaje es la mención que hacemos de una evaluación realizada por el Banco Mundial de los proyectos de reconstrucción después del terremoto de octubre de 1986. Con este gran préstamo el Estado construyó el actual Centro de Gobierno. Pero los proyectos sociales en los que se invirtió fueron un gran fracaso.

Muchas de las viviendas a las que se hace alusión en el fragmento citado a continuación están abandonadas y en una zona de Apopa ahora plagada por las maras. Los únicos que salieron verdaderamente beneficiados de estos proyectos fueron las compañías de construcción, que en lugar de levantar las modestas viviendas que estaba supuestos a hacer, construyeron unidades tres veces más caras, convenciendo al Estado de comprar tierras nuevas en lugar de simplemente reconstruir en las zonas afectadas por el terremoto. A pesar de lo que dice al final el oficial del Banco Mundial, yo dudo que el Estado haya aprendido la lección. Jesús Barrio, un representante de la organización Geólogos del Mundo critica el limitado concepto de "vulnerabilidad" del Gobierno, y explica por qué debe ser entendido más ampliamente: "El concepto de vulnerabilidad debe cruzar las condiciones económicas, como el tipo de vivienda y los ingresos, con la amenaza de riesgo; por ejemplo, una persona que tiene su vivienda asegurada es menos vulnerable que una que no tiene un seguro".

Lean y lloren:

El terremoto del 10 de octubre de 1986, que según organismos internacionales tuvo una magnitud Richter de 7.5 grados, dejó un saldo de 1,500 muertos, 10,000 heridos y 300,000 damnificados.

El daño físico fue calculado en $1,030 millones, equivalente a un cuarto del producto interno bruto de ese año.

En apoyo a los esfuerzos de reconstrucción, el gobierno salvadoreño recibió $78.5 millones en préstamos, aprobados en 1987. De estos, $13.5 millones fueron otorgados por el gobierno de Japón; los otros $65 millones, por el Banco Mundial.

Veinte años después es posible acceder a las evaluaciones del impacto a largo plazo de las actividades de respuesta, como las que realizó el Banco Mundial en 2004.

El equipo de evaluaciones operativas del Banco Mundial le dio a El Salvador una calificación general de "moderadamente satisfactorio" (es decir, menos que satisfactorio) a la implementación y los resultados del proyecto de reconstrucción.

El resultado mejor evaluado por los analistas del Banco Mundial fue la construcción de la nueva infraestructura para el Centro de Gobierno, que aún se mantiene en pie a pesar de los dos terremotos posteriores de 2001.

Los proyectos sociales, sin embargo, dejaron mucho que desear. Sólo la mitad de los $9 millones destinados a los micropréstamos diseñados para restaurar las capacidades productivas de los afectados fueron otorgados debido al "pobre mercadeo y a los registros ineficientes".

Los damnificados fueron reubicados a Apopa en 6,344 nuevas viviendas, a un costo de $20.2 millones. Pero el estudio del Banco Mundial realizado en 2003 afirma que sólo el 47% de los ocupantes originales todavía habita las unidades.

Muchas de las viviendas fueron construidas con materiales de baja calidad. Un condominio fue dañado por los sismos de 2001. Pero el problema principal con la mayoría de las casas es que resultaron ser tres veces más caras de lo programado, porque fueron construidas en zonas sin servicios básicos, generando costos adicionales.

Por esta razón, fue difícil para una gran parte de los damnificados pagar los créditos. Muchos fueron expulsados de sus viviendas. Al final, todas las instituciones de crédito involucradas quebraron por las abrumadoras deudas.

La reubicación separó a las comunidades damnificadas rompiendo y desaprovechando las redes sociales pre existentes.

A pesar de todo esto, argumenta Gregory Ingram, director general de Evaluaciones, "el proyecto fortaleció la capacidad del Gobierno para planificar y administrar esfuerzos de reconstrucción, y consolidó su preparación para responder a las futuras emergencias nacionales".

El reportaje apareció bajo mi nombre, pero en realidad trabajaron otros dos periodistas más: William Alfaro y Lillian Martínez.

3 comentarios:

El-Visitador dijo...

"Los únicos que salieron verdaderamente beneficiados de estos proyectos fueron las compañías de construcción, que [convencieron] al Estado de comprar tierras nuevas"

Claro.

Porque los empleados del Estado que cobraron sus salarios entonces y después no se beneficiaron con "los puestecitos" que se justificaron administrando los proyectos.

Porque la mitad de las familias damnificadas que aún viven en los proyectos no se han beneficiado de 20 años de vivienda.

Porque la burocracia del Banco Mundial no se beneficia de jugosos salarios "administrando" los $65M en préstamos y cobrando los intereses. Trabajito de por vida, garantizado, residiendo en los mejores suburbios de Virginia y acumulando kilómetros de viajero frecuente a "conferencias" en La Romana o París. El único "downside" es tener que ir a lugares como El Salvador de vez en cuando.

Yo pregunto: y a los pusilánimes del B Mundial que soltaron los $65M sin poner las suficientes salvaguardias o "strings attached" no les vas a llamar "beneficiarios" ---hasta es posible que estén disfrutando una jugosa pensión a estas horas. Pensión garantizada por un préstamo de $65M que es "deuda soberana", así que los salvadoreños no nos la podemos quitar de encima unilateralmente, salvo pagándola.


No me gustó este apunte tuyo. Subraya a un sólo actor como "el único beneficiado," cuando aquí los "beneficiados" fueron muchos.

¿Porqué la discriminación?

Solavá dijo...

EV:

Tengo que decirte que estoy de acuerdo con lo que decís, y quizás no sea este un buen apunte, pero para mí el punto es que estamos aquí ante un proyecto cuyo "beneficiario" último, de acuerdo a las metas del proyecto, era reconstruir las viviendas y las vidas de la gente que lo había perdido todo, absolutamente todo lo que tenían, durante el terremoto de 1986. Y como dices, se benefició el gobierno, se benefició el BM, se benefició la empresa privada y, por otro lado,las "víctimas" del terremoto, y aquí incluiría a los ciudadanos que al final pagan a través de sus impuestos, la cuenta dejada por estos grandes préstamos.

Pero yo creo que lo que te molesta no es lo que estoy diciendo sino el lenguaje que estoy utilizando. ¿O estás en desacuerdo con TODOS los préstamos que recibe el gobierno? Porque ese lenguaje es surreal, yo comprendo, pero yo sólo estoy citando, no traduciendo a términos políticamente aceptables a todo el mundo. Veamos: desde la perspectiva de "las agencias de desarrollo" cada proyecto multimillonario está supuesto a beneficiar a todos los "actores" involucrados, pero sobre todo a los "beneficiarios últimos" del proyecto. Por ejemplo, el préstamo de 100 millones que Saca quiere para "seguridad", los "beneficiarios últimos" serían las poblaciones "víctimas" de la violencia, los más vulnerables a la delincuencia, porque el propósito del proyecto es "reducir los índices de violencia". Más cárceles, más policías, más capacitación y más acciones de prevención o rehabilitación, y todo lo que el proyecto implica, sólo son los medios para alcanzar la meta. Pero en todo esto hay otros beneficiarios como decís: los burócratas que administran este préstamo, el gobierno que parece más fuerte y tiene más dinero para invertir en más infraestructura y trabajos y más ganancia política para las próximas elecciones, y si se logran las metas, Dios lo quiera, pues la población que será menos victimizada. Pero al final igual los que pagamos los impuestos tendremos que pagar las cuentas, y es entonces cuando uno se pregunta ¿por qué Arena no hizo lo que tenía que hacer para evitar los niveles de violencia que tenemos ahora cuando TODO el mundo pensante(universidades, agencias de desarrollo, especialistas, ciudadanos preocupados, columnistas de periódicos, etc.) le dijo que interviniera con acciones preventivas y de bajo costo inmediatamente después de la guerra? Si hubiera el gobierno hubiera hecho hace 15 años, lo que al fin dice que va a tratar de empezar a hacer este año 2007 con un "plan integral" y con la cooperación de toda "la sociedad civil", entonces nadie tendría que estar pagando ahora las cuentas con muertos y dinero.

El-Visitador dijo...

Gracias por la respuesta, me parece, como señalás, que la diferencia fué solamente de forma, y no de fondo.

De acuerdo que la capacidad de gestión para ayudar a las víctimas que tuvo el Estado en 1986 fué calamitosa, y probablemente lo sigue siendo hoy día; en gran parte, creo, porque la C. de C. no tiene el necesario poder.

Un presidente genuinamente efectivo, como Uribe, me parece, no dejaría la C. de C. como un mero trofeo de guerra; al contrario, la C. de C. puede ser la palanca clave para mover al Estado de su actual letargia y fracaso.

Puesto que alguna sobra hay que darle al PCN, habría que darle algo perfectamente inoperante, un adefesio donde puedan parasitar como sanguijuelas sin riesgo de hacer mayor daño a la institucionalidad. Algo como el MiTur o como Concultura.

Pero darles la C. de C. muestra lo incapaz e iletrado que es Arena en el arte de gobernar.