Escoria Estatal

El siguiente artículo apareció en la edición de esta semana de Proceso.

La gente que habita el cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, es víctima indiscutible de los desastrosos tres últimos gobiernos centrales, que permitieron su intoxicación y la contaminación de su ambiente por plomo. La salud de muchas personas, sobre todo niñas y niños, ya fue dañada. Aunque no se ha querido establecer oficialmente, la causa reside en las operaciones de la fábrica Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., más conocida como la “Record”. La situación es hoy más grave tras el inadecuado cierre de la misma en septiembre del 2007. Se trata de una manifiesta y confesa actividad estatal negligente, inepta y hasta perversa. Por actuar así, la empresa puede ahora denunciar dentro y fuera del país a la administración de Antonio Saca. Se puede entrar, entonces, a un escenario de grandes litigios –con millonarias sumas de por medio– que propicie, aún más, el olvido y el desprecio de las y los habitantes del lugar. La dimensión del asunto amerita que la sociedad salvadoreña identifique responsabilidades y exija transparencia, justicia y respeto de la dignidad humana.

El drama de esa población inició en marzo del 2005, cuando residentes de la zona presentaron su denuncia en el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); también en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Entonces se dijo que al menos 7,250 personas presentaban deterioro en su salud, por vivir cerca de la fábrica. Las entidades dizque investigaron, pero sólo la PDDH hizo recomendaciones oportunas –ese mismo año– a los dos ministerios. El de Salud, entre maltratos a la gente y acciones poco claras, tomó muestras médicas a menores de edad con fondos de la “Record” pero prohibió comunicar los resultados de las mismas a los padres de familia, pese a que resultaron positivos al plomo. Esto debe aclararse.

El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos de América (CDC, por sus siglas en inglés) determinó que había niños y niñas con plomo en su sangre; al menos tres, sobrepasaban los niveles de plomo en la sangre permitidos por estándares internacionales. Quiere decir que el Estado supo con antelación de esa intoxicación infantil. Tenía, entonces, que haber actuado con diligencia brindándoles el tratamiento adecuado, realizando una investigación técnica y legal para determinar con exactitud si la fábrica era la fuente directa del mal, y estableciendo el impacto en el ambiente mediante la evaluación y el control de las emisiones de sus hornos. Debió adoptar, sobre la base del principio precautorio, medidas para resguardar la salud de esa población que desde hace tanto tiempo respira, come y bebe plomo.

Pero no. Según integrantes del Movimiento Sin Plomo (MSP), colectivo de víctimas organizadas en torno a los hechos, durante los siguientes dos años el MSPAS practicó otros análisis que siempre revelaron niños y niñas con plomo en su sangre; un buen número por encima de la norma, según los resultados de las muestras más recientes examinadas en México.

Esa es la verdadera tragedia: que tras establecer la existencia de víctimas infantiles, cuyo daño neurológico puede hacer pedazos sus proyectos de vida, el gobierno calle o –peor aún– no impulse medidas para evitar que la intoxicación continúe, no realicen pruebas a toda la población vecina de la “Record” para establecer la magnitud precisa del problema y no adopte las disposiciones necesarias para enfrentar el impacto social del caso, como el traslado de las comunidades a otros sitios en condiciones dignas, el resguardo de sus propiedades tras su salida de la zona y la protección a quienes consuman, en todo el país, productos alimenticios u otros provenientes de la misma. No se han determinado, además, las responsabilidades legales y políticas de quienes permitieron que todo eso ocurriera.

Para colmo, se llevaron de encuentro el debido proceso administrativo al momento de cerrar la millonaria empresa y ya se tuvo que revocar la medida. La “Record” pasó, entonces, de victimaria a víctima. Ahora, pues, “los pájaros le tiran a las escopetas” por haber ejercido mal una potestad al aplicar una sanción inexistente. Hasta el titular del MSPAS, Guillermo Maza, lo confesó según un reportaje periodístico (EDH, 8/2/2008, p.14).

No obstante lo anterior –producto de la negligencia, la ineptitud o la malicia estatal– la gente que habita el lugar sigue siendo la más atropellada en sus derechos fundamentales. No debe obviarse un asunto de lógica elemental. Que a un imputado le irrespeten sus garantías procesales, está mal; pero eso no significa que su delito quede impune. De ahí que, en noviembre del 2007, el MSP y el IDHUCA presentaron más de veinte denuncias penales por el delito de “lesiones muy graves”, señalando como responsables a directivos y accionistas de la empresa. La Fiscalía General de la República, aún no las ha judicializado.

¿Qué pretendía el MSPAS con el “cierre total” de la “Record”? ¿Frenar la intoxicación y la contaminación por plomo o las crecientes críticas por su blandengue actuar? Tras la infeliz medida ejecutada por Maza y consentida por el MARN, que representa una de las mayores torpezas entre las muchas del actual gobierno, arribó al país un técnico ambiental para realizar una auditoria cualitativa de la misma. En su informe, Brian Wilson –del Centro Internacional para el Manejo del Plomo (ILMC, por sus siglas en inglés)– indicó que el estándar mínimo para efectuar este tipo de clausuras es de cuatro días. Eso no pasó acá y los residuos del mineral manipulados en la fábrica quedaron expuestos, sin embalar ni recibir el tratamiento adecuado. Wilson detalla que “(...) debido a la repentina clausura de la planta, alrededor de 20 toneladas de escoria habían quedado en una bodega abierta en el área de los hornos”. Entonces, ahora resulta más peligrosa la fábrica que cuando funcionaba. De ahí la presión actual del MARN para que mueva escoria y cenizas, entre otros elementos tóxicos. Wilson recomendó superar esta situación, pero la “Record” y el Ministerio no han acordado cómo. Pero sin proponérselo ambas partes, ¿o sí?, han generado un proceso de contaminación que podría terminar en un desastre ambiental.

Este gobierno sabe que la medicina salió peor que la enfermedad. No calmó a las víctimas principales, que continúan luchando por obtener justicia plena. No eliminó la contaminación producida por la fábrica. Eso sí, consiguió que lo demanden y –de ser condenado– la próxima administración del Ejecutivo, la que sea, deberá cancelar una millonaria y ominosa indemnización a quienes con su negocio dañaron la salud y el entorno de tanta gente. Y no será con dinero de Maza, Saca o cualquier otro funcionario metido en el lío; lo hará con impuestos del pueblo. ¿Quién responde por eso?

Un Estado fracasa si no cumple los fines de su actividad. Y de éstos, el principal es la persona humana que –según el primer artículo de la Constitución– también es su origen. Así pues, ante tanto y tan evidente fracaso estatal, el MSP y el IDHUCA solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares urgentes para proteger la vida, la integridad personal y la salud de ciento y una personas afectadas; también para el resto de habitantes de la localidad que pueden ver perjudicada su salud debido al actuar estatal permisivo y torpe.

Y, ojo, el problema no acaba con este caso. El país no cuenta con un espacio para tratar los desechos industriales y, sin embargo, son muchas las industrias que los generan. ¿Adónde los botan? Hoy fue la gente de Opico y antes la de Soyapango, donde estaba la “Record” hace más de catorce años. ¿Le tocará luego a la de Antiguo Cuscatlán o de Cuscatancingo? Sin controles que sirvan, sin sanciones que se impongan y sin programa estatal para enfrentar estas situaciones, ¿qué le depara el destino a este país? Porque su mapa de riesgos por desechos industriales, ni comienza ni termina en el Sitio del Niño.

Queda pendiente la justicia a las principales víctimas, las afectadas por el plomo, así como la rendición de cuentas a toda la sociedad mediante antejuicios, interpelaciones y denuncias mediáticas. Saca debe hacerlo pues al menos tres de sus ministros, por acción y omisión, son responsables de uno de los peores atentados contra el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en El Salvador.

Justicia, ¡ya!