El enigma de la veda de armas

Tengo una lista de temas por tratar. Uno de ellos es el "32 por ciento". La masacre que ocurrió ayer en Virginia me trajo a la memoria este curioso porcentaje que guardo desde hace meses.

Esa cifra especulativa proviene de un dato que encontré una sola vez en un reportaje: el 68 por ciento de todos los homicidios es causado por un arma ilegal. Esto fue dicho (aparentemente, aunque la fuente es ambigua) por Rodrigo Ávila a partir del primer debate en torno a la propuesta del Consejo de Seguridad Pública de prohibir armas de fuego en ciertas zonas.

El 32 por ciento, por lo tanto, debería ser el enigma al centro del debate: ¿Con qué tipo de armas son cometidos casi un tercio de todos los homicidios en El Salvador? Y de estos, ¿cuántos son cometidos con armas de fuego legalmente registradas? Si tuviésemos la respuesta a este enigma podríamos determinar con absoluta certeza si es válido prohibir que armas de fuego sean portadas por ciudadanos comunes y corrientes.

Primero hay que recordar que muchos homicidios son cometidos con armas de fuego legales; los periódicos publican estas noticias todo el tiempo: un hombre que asesina a su esposa, motivado por los celos; un niño que descubre el arma de su papá y mata a su hermano accidentalmente mientras juegan a los vaqueros; o un simple ladrón que confía en la ineficacia del sistema de balística de la policía y no teme hacer uso de su arma.

Entonces, supongamos por un momento que sólo el 2 por ciento de los homicidios son cometidos por armas de fuego legales. Entonces sabríamos con certeza de que la actual veda de armas no servirá para nada. Ahora bien, supongamos que un 20 por ciento de todos los homicidios son cometidos por armas de fuego legales. Con un dato así, sabemos que una veda de armas de fuego sí lograría la disminución de los homicidios, suficiente para que El Salvador ya no sea conocido como la nación latinoamericana con el más alto índice de homicidios anuales (52 por cada 100,000 personas), algo que triplicaría la inversión extranjera directa en el país y mejoraría el margen de ganancia de nuestros comerciantes (por la disminución en gastos de seguridad). Sabemos que ante un porcentaje así la supresión de armas de fuego legales sí daría resultado y traería beneficios económicos porque esto ya funcionó en otras ciudades violentas, donde las cifras de homicidio disminuyeron dramáticamente al mismo tiempo que los índices económicos mejoraron.

No estoy argumentando a favor o en contra de la veda de armas en El Salvador. Estoy argumentando a favor de un gobierno honesto y eficiente. Yo tengo mis opiniones, por supuesto, pero quiero insistir en el hecho de que lo más importante que tenemos que saber es que no tenemos estadísticas criminales creíbles, y que ésta, y sólo ésta, es la razón por la cual no tenemos una estrategia adecuada de respuesta al crimen. El crimen es un fenómeno fantasmal mientras no tengamos cifras y datos que nos den una idea concreta de cómo se comporta el fenómeno de la violencia en nuestra sociedad.

Quienes visiten la página de internet del Consejo Nacional de Seguridad Pública (http://www.cnsp.gob.sv/) descubrirán que la única investigación sólida que tienen proviene del IUDOP de la UCA, y que ésta se enfoca en "la percepción del crimen" por parte de la sociedad salvadoreña. También hay en esta página una estrategia de respuesta al problema de seguridad que no cita ni un sólo dato, que aunque lista una serie de documentos e investigaciones, se fundamenta completamente en argumentos teóricos. El principal de ellos, y aquí sí estoy de acuerdo, es en fortalecer la institucionalidad de las entidades estatales que previenen, combaten y procesan el crimen y sus actores. Pero aún así, la estrategia ha demostrado ser inútil porque no está enraizada en la realidad de la violencia en El Salvador, y esto es así porque carece de datos legítimos que identifiquen con claridad el problema.

Índices completos y creíbles de criminalidad le dan al ciudadano común más poder que un arma de fuego. Es por eso que las vedas de armas han sido innecesarias en Nueva York, en Sao Paulo y en Bogotá durante los últimos 20 años. Cuando los ciudadanos de estas grandes ciudades fueron confrontados con los altos índices de homicidio cometidos por armas de fuego legales, una veda de armas fue innecesaria porque los mismos ciudadanos se movilizaron para retirar las armas legales de circulación. Eso es democracia. Las decisiones importantes se toman a partir del conocimiento de la realidad y no a partir de posiciones teóricas o de argumentos hechos a priori. A pesar de la presión de los vendedores de armas en esas ciudades, la presión ciudadana logró que el estado comprara armas de los ciudadanos y las destruyera (en Nueva York y Sao Paulo). En ninguna de esas ciudades hay leyes que prohíban la compra o la portación de armas (en Bogotá se debate actualmente una ley, pero es muy controversial). Lo cierto es que después de llevar a cabo esos programas antiarmas, en esas tres ciudades los índices del crimen bajaron, pero no sólo por esta razón, sino porque tenían una estrategia amplia que incluía coerción efectiva, juzgados eficientes y un compromiso a la prevención de la violencia que estaba fundamentado en políticas de inversión y restauración económica de las áreas de la ciudad que estaban en riesgo. Eso es buen gobierno.