¿Quién dijo qué? El falso control de los precios del petróleo

El titular de la primera página de La Prensa Gráfica de este día es: "Saca pide control de combustibles". Lo que representa la publicación de esta noticia es más grave de lo que parece porque revela las serias debilidades del periodismo nacional. La cuestión es esta: de acuerdo a la ley que tenemos en El Salvador el mercado es libre, o sea que el gobierno ejecutivo no puede intervenir y pedir un control de precios. Esto, que es fundamental, lo deberían saber los editores de un periódico. Y si esto habría sido lo que Tony Saca pidió, entonces la noticia debió haber sido que el presidente se impone por encima de la ley y ha decidido, a la manera de Chávez, intervenir y controlar los precios de combustible. Eso sería una cosa muy seria porque atentaría contra el marco actual de las leyes. Pero, ¿es esto lo que hizo Saca?

Si se leen las citas en el artículo de La Prensa Gráfica uno se da cuenta que Saca no pide "control de combustibles", sino que ha solicitado que se investigue por qué el traslado de precios que se está dando a escala internacional no se está reflejando en El Salvador. La Prensa no dice cuándo comenzaron a bajar los precios a escala internacional pero, si no me equivoco, fue en septiembre del 2006 y por razones de competencia debería haber cierto nivel de presión para tener precios más bajos, aun cuando se está comercializando con combustible comprado hace tres o cuatro meses.

La cuestión crítica, que no explora La Prensa Gráfica, es si los compradores y distribuidores de combustible en El Salvador han llegado a un acuerdo para mantener los precios a cierto nivel, en lugar de responder a las presiones del mercado libre. Si esto está ocurriendo -y las petroleras dicen rotundamente que no-, esto indicaría, a grandes rasgos, que se están socavando las reglas del mercado, que necesita de la libre competencia para mantener calidad y precios bajos. ¿Quién sugiere esto? La ministra de Economía Yolanda de Gavidia, quien dijo en una entrevista a La Prensa Gráfica que de acuerdo a las reglas, esta preocupación expuesta por la Defensoría del Consumidor debe pasar a manos de la Superintendencia de Competencia para que investigue y determine si es esto lo que está sucediendo. Pero esta aclaración de la ministra no aparece en la nota de La Prensa Gráfica, sino en la grabación de audio sin editar que está en la misma página.

Este es un caso en el que las cosas han funcionado exactamente como deberían. La Defensoría del Consumidor se ha mantenido alerta en función de los intereses de los consumidores, el poder ejecutivo ha sido alertado y como consecuencia la Superintendencia de Competencia va a actuar para saber si se mantienen las reglas del libre mercado y la competencia en función de la calidad de los productos y de precios bajos para los consumidores. Sólo hay dos posibles resultados de este movimiento de cosas: 1) Competencia resuelve que no hay problema y las cosas siguen inalteradas o 2) resuelve que sí hay un problema, se penaliza a los que no han jugado limpio y las cosas vuelven a la normalidad.

Lo que todo esto significa es que la verdad fundamental que está detrás de esta noticia ha sido tergiversada deliberadamente o por una mala interpretación de los sucesos y ha sido colocada al frente de las noticias del día sin ningún fundamento, porque no hay nada que indique que Saca esté pidiendo control de precios en los combustibles. De hecho, él no puede ni debe controlar precios porque no tiene la autoridad para hacerlo.

¿Por qué una declaración que nunca fue dicha se convirtió en la portada de un importante matutino? Ahora sé que la respuesta está en esta noticia de última hora publicada en el sitio de internet de La Prensa Gráfica:

"Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron de manera unánime esta tarde, por iniciativa del presidente de la República, Elías Antonio Saca, la creación de una comisión reguladora de precios de combustible e hidrocarburos.
Esta comitiva se encargará de vigilar y regular los precios del combustible e hidrocarburos para verificar que las reducciones y aumentos en el valor del barril de crudo se vean reflejados en el mercado local.
Esta medida parlamentaria se toma luego que el presidente Elías Antonio Saca ordenara ayer al Ministerio de Economía (MINEC) y a la Defensoría del Consumidor (DC) revisar si las bajas en los precios internacionales del petróleo se reflejan en los galones de combustible que pagan los consumidores en el país."
(http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/6869.asp)

Notemos que ya no se dice que Saca pidió "control de precios" sino que ordenó ayer "revisar si las bajas en los precios internacionales del petróleo se reflejan... en el país". Ahora sabemos que esta fue una noticia creada de la nada para empujar una acción política. No estoy opinando sobre si una comisión reguladora de precios de combustible es buena o mala, estoy opinando sobre los usos de una conveniente tergiversación en los medios de comunicación. Esta noticia va a ser recibida con asco por algunos sectores y con desbordante alegría por otros. Unos opinarán que se está atentando contra la libertad del mercado y otros opinarán que han prevalecido los derechos de los consumidores. Sobre todo, esta acción será recordada como un hito: la primera muestra de concertación política entre el Estado y la oposición en el 2007. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Realmente habrá en el país una "comisión reguladora de precios de combustible e hidrocarburos"?

No, la Asamblea no ha creado una comisión reguladora de precios porque las actuales leyes salvadoreñas no permiten ese tipo de interferencia estatal en el mercado. ¿Qué va a hacer la Asamblea entonces? Perder el tiempo. Pretender hacer lo que ya hizo la Defensoría del Consumidor, un estudio de la relación entre los precios internacionales y locales del combustible. También pretenden hacer lo que le corresponde hacer por ley a la Superintendencia de Competencia: estudiar si hay abuso por parte de los distribuidores de petróleo. Pero a fin de cuentas, nadie va a regular los precios del combustible porque la ley no lo permite. Y la Asamblea no debería hacer lo que las instituciones creadas por la ley ya están haciendo. Esta es una farsa política empujada por las mentiras y manipulaciones de un periódico. No encuentro otra manera de explicarlo.