Tráfico de idiotez en la Fiscalía

En agosto de 2006 una joven de 20 años fue llevada de emergencia al Hospital Sinaí, de Chalatenango, porque sufría de fuertes dolores abdominales. Dos médicos la atendieron, le diagnosticaron de inmediato un tumor en los ovarios, la llevaron a cirugía y le extirparon sus dos riñones.

No se necesita ser un doctor en medicina para saber que es imposible confundir los ovarios con los riñones. Cualquier niño que ha visto un cromo de los órganos del cuerpo humano ha visto imágenes de ambos órganos antes de cumplir los 12 años y podría dibujarlos si se les pide. De hecho, el sistema educativo de El Salvador hace eso precisamente: les pide a los niños dibujar órganos humanos como parte de sus tareas.

Al parecer, los fiscales de El Salvador jamás cursaron primaria o fueron muy malos estudiantes de anatomía, porque en lugar de acusar a los doctores Mauricio Salvador Rivera y Jorge Alberto Carías Zúñiga de lesiones dolosas, causadas con intención, los acusaron de lesiones culposas, como si hubiesen actuado sin intención de causar un mal. De nuevo, si una joven entra y se le descubre, supuestamente, un quiste en los ovarios, ¿cómo es posible que, después de ser atendida por dos cirujanos, salga del quirófano, con sus ovarios intactos pero sin sus dos riñones?

Si hubiese habido un error médico, entonces habría sido posible explicarlo científicamente. Pero no. Los imputados falsificaron documentación y suprimieron evidencias, como lo indica el expediente fiscal. Es decir, actuaron maliciosamente, con intención y luego hicieron todo lo posible por encubrir su crimen. Aún así, la fiscalía los trató con guantes de seda y el resultado fue que los médicos negociaron una suma de dinero con la víctima y salieron libres antes de entrar a la audiencia con el Tribunal de Sentencia de San Salvador.

Esta historia de horror parece entresacada de los anales del tráfico de órganos. Dos médicos, es decir, dos persona en quienes confiamos nuestras vidas, dañaron una vida joven irreparablemente. Y las personas en quienes confiamos para que la justicia se repare, actuaron como si la vida tuviese un precio muy bajo. Y Cindy Keny Domitila Palacios vive ahora en permanente tratamiento, conectada a una máquina de diálisis de un hospital público para mantener limpia su sangre, algo que sus dos saludables riñones habrían hecho sin costo alguno para el resto de su vida.


Fuente: Médicos concilian por extracción de riñones a jovencita, El Diario de Hoy, San Salvador, miércoles 17 de marzo de 2010.

Los que nos defienden

La negligencia de la Fiscalía General de la República no tiene límites. Sus actos serían divertidos de no ser porque esta es, por ley, la institución que defiende los intereses del Estado y de la ciudadanía en el sistema de justicia. Uno esperaría que al menos en los casos más visibles, más públicos y más preocupantes, se comportarían con más eficiencia. Pero no. Los ciudadanos salvadoreños no tenemos tanta suerte.

En el último giro al caso Record, los fiscales presentaron la acusación con dos días de retraso, el miércoles 4 a las 2:30 p.m., y sólo después de que se "intimó" al fiscal general, Felix Garrid Safie, para que dentro de las veinticuatro horas a partir de la notificación del juez la fiscalía presentara la acusación. Según la resolución del juez David Morán, el plazo que tenía la fiscalía para presentar la acusación caducó el lunes 2 de marzo. Debido a esto, el juez no tuvo más opción que notificar al Fiscal General y le dio un plazo de 24 horas para presentar la acusación, una extensión extraordinaria que se da al fiscal superior cuando sus fiscales auxiliares han fallado debido a un acto de negligencia. De no haberse presentado la acusación, el juez se habría visto obligado a admitir el abandono del caso y a sobreseer definitivamente a los imputados: la sociedad Record, sus directivos y tres ingenieros.

Aunque en declaraciones a El Diario de Hoy, el juez sostuvo que la Fiscalía tenía hasta la medianoche del miércoles para presentar la acusación, esto es falso. Tal y como se puede constatar en su resolución y en sus declaraciones posteriores, la Fiscalía tenía hasta las 4 de la tarde del miércoles para hacerlo, debido a que el juez le informó al jefe fiscal Bruno Urbina tan pronto como incurrieron en la infracción (vía fax y vía telefónica). Es decir, la fiscalía presentó la acusasión una hora y media antes de que caducara el plazo extraordinario que se le dio al Fiscal General. Si por algún accidente los fiscales no hubiesen podido llegar a tiempo a la Fiscalía para entregar la acusación, habrían perdido el caso por negligencia.

“Imágenes impactantes”

«Álvaro López, reportero gráfico salvadoreño, quedó entre los cinco fotógrafos nominados al premio de Nuevo Periodismo Iberoamericano, el de más prestigio en el mundo de habla Hispana, por Terrorismo en El Salvador, publicado en el periódico Más! La serie de fotografías seleccionadas cuentan la historia de cómo un hombre abre fuego con un fusil de asalto contra un grupo de policías, en medio de una manifestación. Dos policías murieron y una decena resultaron heridos. Gracias a las fotografías captadas se descubrió al asesino. Para el jurado, “pese al peligro y la rapidez del acontecimiento, Álvaro López logra conseguir imágenes impactantes en el más puro estilo periodístico”.»
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano
Comunicado del 23 de julio de 2008.

Muchos recuerdan la famosa imagen de López en la que aparece Mario Belloso disparando a los policías el fatídico 5 de julio de 2006, frente a la Universidad de El Salvador. Y también la fotografía en la que Luis Herrador ayuda a Belloso sosteniendo su espalda mientras el segundo dispara. Ambas fotografías fueron utilizadas como evidencia por la Fiscalía General de la República y ayudaron a condenar a los acusados. Pero, ¿cuantos recordamos la imagen que encabeza esta nota, la de dos policías desarmados asesinados a sangre fría?

Por cierto, Edwing Sánchez Canjura, el empleado de la universidad que fue acusado de ocultar el fusil utilizado por Belloso fue absuelto ayer de los cargos, por dos de tres jueces que vieron el caso en el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador. Estas son las razones que dieron: «Los jueces Saúl Morales y Anne Castro argumentaron que la Fiscalía no efectuó una investigación completa que ayudara a probar la acusación presentada contra el empleado de la UES. Entre otras cosas, cuestionaron que no hubo reconstrucción de los hechos ni planimetrías que ayudaran a ilustrar y verificar lo que el testigo protegido “Saúl” declaró.» Esto es indignante ahora que se sabe que incluso hay un video que muestra a Sánchez Canjura recibir el fúsil de manos de Belloso, y sin embargo el caso fiscal careció de suficientes pruebas.

Testigos "chocos"

En el 90 por ciento de los casos la Fiscalía General de la República se apoya en declaraciones de testigos, según el reportaje Testigos mentirosos quedan al descubierto durante juicios, en el cual se afirma que la fiscalía ha recurrido a "testigos chocos", gente que da falsos testimonios en contra de los acusados. En el artículo aparecen dos ejemplos sorprendentes. En uno, un hombre testificó que dos imputados habían participado en 18 asaltos; luego se comprobó que los acusados habían estado confinados en centros penales cuando ocurrieron esos asaltos. En otro ejemplo, se descubrió que una mujer estaba testificando por segunda vez ese día, pero con una identidad distinta.

En ningún caso en el que se ha descubierto que testigos de la Fiscalía han dado falsos testimonios, han habido represalias por haber cometido ese delito penado por la ley. Pero por supuesto, la Fiscalía no va a investigarse ni a acusarse a sí misma, porque en estos casos no sólo se comete el delito de un falso testimonio. También el fiscal (o la Fiscalía) comete un delito aún mayor al utilizar deliberadamente a un falso testigo.

¿Quién vigila a los que deberían defendernos de las injusticias?

Levante la mano el que sienta miedo

No sé cuál es la definición más exacta de la palabra “terrorista”, pero sí sé qué es el terror. Conozco el terror, he vivido esa clase de miedo profundo y paralizante que sólo puede provocar el terror.

El terror quebranta la voluntad de las personas para actuar. El terror inhibe el ánimo social. El terror impide el ejercicio de la libertad. Y cuando una persona capaz de sembrar el terror es capturada, el Estado debería hacer todo lo posible para coartar la libertad de esa persona, debería hacer uso de toda su fuerza ejecutora y su poder legal para dar fin a las actividades de esa persona. Esto es lo que hacen los estados que poseen leyes antiterroristas. Sería ilógico e inadmisible aplicar la libertad condicional a un terrorista capturado. Un terrorista suelto siempre es peligroso.

¿Por qué entonces el Tribunal Especial de Instrucción dejó libres a los activistas políticos que fueron capturados el pasado dos de julio en Suchitoto? ¿Acaso no son acusados por la Fiscalía General de la República de ser terroristas?

Es muy simple: Si a una persona se le concede libertad condicional es porque no es tan peligrosa, esta es la implicación más obvia de una orden de libertad condicional.

Por eso pregunto, ¿hay alguien que sintió miedo, miedo real, al escuchar la noticia de que los detenidos en Suchitoto fueron dejados en libertad?


Referencias

Otorgan libertad a nueve detenidos, El Diario de Hoy, jueves 26 de julio, 2007.

Jueza ordena liberar resto de implicados, La Prensa Gráfica, jueves 26 de julio, 2007.

Dan orden de libertad, y Emotivo reencuentro con familiares y amigos, Diario Co Latino, viernes 27 de julio, 2007.

Liberan a detenidos por caso Suchitoto, El Mundo, viernes 27 de julio, 2007.

Detenidos por caso Suchitoto dejan Mariona y Cárcel de Mujeres, La Prensa Gráfica, viernes 27 de julio, 2007.

Manifestantes de Suchitoto reciben libertad condicional, El Faro, lunes 30 de julio, 2007.