miércoles, abril 01, 2009

El camino al infierno

“No vamos afectar el empleo de ningún servidor público, no voy a perseguir. Mis ministros tendrán la orden expresa de no afectar la estabilidad laboral de ningún servidor público, por razones de afinidad ideológica o política”.
Mauricio Funes, presidente electo de El Salvador, en su primera visita oficial a Casa Presidencial, el 31 de marzo de 2009.

El camino al infierno, reza un antiguo proverbio, esta pavimentado con buenas intenciones.

Respetar la afinidad ideológica y política de los empleados públicos es un deber del Estado porque la libertad de pensamiento es un derecho constitucional. Pero decir que la transición a un nuevo gobierno no afectará el empleo de ningún servidor público es una estupidez, porque es la expresión de una buena intención pero es una mala idea que le podría costar al próximo gobierno su propia estabilidad. ¿Cómo será diferente el gobierno de Funes si todos los empleados públicos son exactamente los mismos que tiene el actual presidente Antonio Saca?

Este es un tema muy delicado, porque si por un lado existe la ley del servicio público, que protege los empleos públicos, incluso más allá de lo racional, por otro lado están esos empleos designados por los gobiernos de Arena que nunca estuvieron técnicamente justificados. He aquí tres razones por las cuales NO se deberían mantener ciertos puestos públicos bajo la administración de Funes:

1. El Ministerio de Gobernación. El Estado no tiene una buena agencia de inteligencia porque no la necesitaba. En realidad todo el aparato de Estado es una agencia de Inteligencia que podía ser artículada para fines partidarios con una sola orden de alto rango. Esto es especialmente cierto con el Ministerio de Gobernación, que puso a todos sus empleados a investigar al FMLN, al candidato Funes y a su equipo de amigos y asesores con el fin de desprestigiar al partido de oposición de cara a las elecciones (las investigaciones sobre la casa de Funes y sobre su cuenta bancaria son dos ejemplos del uso descarado de instituciones de gobierno en cuestiones de inteligencia gubernamental utilizada para fines partidarios). El Ministerio de Gobernación es también un eje de corrupción en otro sentido: ni el tráfico de narcóticos, mercancía o personas, ni otras formas de crimen organizado serían posibles sin la cooperación corrupta de empleados de alto rango del Ministerio de Gobernación; esto es algo que se deduce leyendo cualquier periódico del país.

2. El ISTA y el CNR son antros de corrupción. El primero se apropia de tierras no para fines de la reforma agraria sino para pagar favores políticos. El segundo tiene más empleados e informantes comprados por firmas de abogados que ninguna otra institución del Estado.

3. CONCULTURA es la Siberia del Ministerio de Educación. A las oficinas de CONCULTURA han sido exilados todos los empleados incompetentes, ineptos e ineficaces de Educación. Debido a eso, CONCULTURA tiene un enorme gasto de recursos humanos que no concuerda con el número de actividades que realiza ni con los resultados de labores que ofrece como institución pública. Además, la red de casas de la cultura, a las que se les asigna una de las mayores partidas presupuestarias de CONCULTURA, fue articulada por el director de Espacios Públicos, Manuel Bonilla, como un medio de penetración del partido Arena en las municipalidades gobernadas por el FMLN.

Mantener todo esto por una buena intención es mucho más que una mala idea, porque deja al Gobierno en una calle peligrosa, donde el infierno está a la vuelta de la esquina.

3 comentarios:

JC dijo...

Muy bien dicho. Saludos

Anónimo dijo...

Mmmmmmmmm... creía que me había equivocado de blog al leer el post, pero no, es el blog solava de Jorge Ávalos.

Nunca es tarde si la dicha es buena.

Jorge Ávalos dijo...

Tengo años de estar denunciando estas cosas por medios periodísticos. He recibido tres premios nacionales de periodismo por estos artículos, incluyendo el Premio Nacional de Medio Ambiente por un artículo que reveló, por primera vez, las consecuencias de la corrupción y la negligencia del ISTA.