Los precios de combustibles y los consumidores burlados

Lo que escribí el viernes se mantiene vigente: la idea de que el gobierno controlará los precios de combustible pudo haber llenado de esperanza a mucha gente pero casi puedo asegurar que no ocurrirá. Tal y como reporté, La Prensa Gráfica manipuló una declaración del presidente Antonio Saca para hacer creer que él había dicho que pedía control de precios de combustible. Esto es lo que el mismo periódico asevera que Saca dice ahora:

“En ningún momento estamos de acuerdo con controlar precios”, dijo el mandatario, recordando que en países donde se da este tipo de supervisión los costos de los derivados del petróleo generalmente son más caros.

La Ley de Hidrocarburos vigente en el país data desde los años setenta, y aunque se le han hecho algunas modificaciones, no norma la compra y venta de los combustibles.

El mensaje que se quiso dejar claro es que el Gobierno defiende el libre mercado, pero que el Estado debe intervenir cuando existan abusos.

Gobierno dispuesto a sancionar petroleras, Luis Andrés Marroquín, enero 21, 2007.

El título de esta última nota no dice nada nuevo. El gobierno no sólo está supuesto (y dispuesto) a sancionar petroleras, sino que de acuerdo a la ley ya existente de competencia debe sancionar a las petroleras si efectivamente hay un cartel, es decir, si existe un acuerdo entre ellas para mantener los precios a cierto nivel. El tema de los precios de combustibles fue, por cierto, la primera tarea que empezó a realizar la Superintendencia de Competencia tal y como lo revela esta nota de enero de 2006, Garantizarán la libre competencia. Yo mismo cubrí el desarrollo de la nueva Ley de Competencia, y he aquí una entrevista con Celina Escolán, diciendo con absoluta claridad que “La ley no busca crear una cacería de brujas”. Por esta razón las petroleras están muy tranquilas.

Es casi imposible que en El Salvador, con el actual marco legal y con el tipo de poder que tiene la empresa privada y la industria, que el Gobierno interfiera para controlar los precios del combustible. Si ya tenemos herramientas para investigar, estudiar y sancionar a los que no cumplan con las leyes de competencia, ¿para qué necesitamos una nueva comisión de la Asamblea Legislativa que haga lo mismo? El último artículo de La Prensa confirma que hay duplicación de trabajo: “El Ejecutivo está haciendo su propia investigación a través del Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia”.

Es posible que se den algunas reformas a la Ley de Hidrocarburos, pero no va a ser porque el presidente lo ha pedido. Ahora bien, supongamos que la nueva comisión de la Asamblea Legislativa creara un ente regulador de los precios del combustible. Esto sería histórico, porque reflejaría un cambio paradigmático en la conducción política del país. El mensaje de ese acto político sería una admisión por parte de los legisladores de que las prácticas neoliberales han fracasado y que el Gobierno debe jugar un papel más activo interviniendo en el mercado. ¿Hay alguien que cree que esto va a suceder?

De nuevo, todo esto es una increíble farsa política. ¿Por qué se hizo? ¿Podría algo bueno salir de esto? El Salvador es todavía un país en el que no hay una verdadera incidencia democrática desde abajo. La ciudadanía no sabe cómo ejercer el tipo de presión que existe en las democracias más desarrolladas para que se den cambios cuando estos son necesarios. Los altos precios del combustible, cuando son injustificados, son una buena razón para que la gente proteste; de hecho, esa es la principal motivación de los transportistas públicos para hacerlo. Si la gente común y corriente no se queja, porque está pobremente informada o porque no sabe cómo interpretar la información que los medios le arrojan, tal vez sea bueno que el gobierno hable por la ciudadanía de vez en cuando, expresando sus preocupaciones. Pero esta es una señal muy triste, porque demuestra que aún tenemos una democracia muy débil.

¿Quién dijo qué? El falso control de los precios del petróleo

El titular de la primera página de La Prensa Gráfica de este día es: "Saca pide control de combustibles". Lo que representa la publicación de esta noticia es más grave de lo que parece porque revela las serias debilidades del periodismo nacional. La cuestión es esta: de acuerdo a la ley que tenemos en El Salvador el mercado es libre, o sea que el gobierno ejecutivo no puede intervenir y pedir un control de precios. Esto, que es fundamental, lo deberían saber los editores de un periódico. Y si esto habría sido lo que Tony Saca pidió, entonces la noticia debió haber sido que el presidente se impone por encima de la ley y ha decidido, a la manera de Chávez, intervenir y controlar los precios de combustible. Eso sería una cosa muy seria porque atentaría contra el marco actual de las leyes. Pero, ¿es esto lo que hizo Saca?

Si se leen las citas en el artículo de La Prensa Gráfica uno se da cuenta que Saca no pide "control de combustibles", sino que ha solicitado que se investigue por qué el traslado de precios que se está dando a escala internacional no se está reflejando en El Salvador. La Prensa no dice cuándo comenzaron a bajar los precios a escala internacional pero, si no me equivoco, fue en septiembre del 2006 y por razones de competencia debería haber cierto nivel de presión para tener precios más bajos, aun cuando se está comercializando con combustible comprado hace tres o cuatro meses.

La cuestión crítica, que no explora La Prensa Gráfica, es si los compradores y distribuidores de combustible en El Salvador han llegado a un acuerdo para mantener los precios a cierto nivel, en lugar de responder a las presiones del mercado libre. Si esto está ocurriendo -y las petroleras dicen rotundamente que no-, esto indicaría, a grandes rasgos, que se están socavando las reglas del mercado, que necesita de la libre competencia para mantener calidad y precios bajos. ¿Quién sugiere esto? La ministra de Economía Yolanda de Gavidia, quien dijo en una entrevista a La Prensa Gráfica que de acuerdo a las reglas, esta preocupación expuesta por la Defensoría del Consumidor debe pasar a manos de la Superintendencia de Competencia para que investigue y determine si es esto lo que está sucediendo. Pero esta aclaración de la ministra no aparece en la nota de La Prensa Gráfica, sino en la grabación de audio sin editar que está en la misma página.

Este es un caso en el que las cosas han funcionado exactamente como deberían. La Defensoría del Consumidor se ha mantenido alerta en función de los intereses de los consumidores, el poder ejecutivo ha sido alertado y como consecuencia la Superintendencia de Competencia va a actuar para saber si se mantienen las reglas del libre mercado y la competencia en función de la calidad de los productos y de precios bajos para los consumidores. Sólo hay dos posibles resultados de este movimiento de cosas: 1) Competencia resuelve que no hay problema y las cosas siguen inalteradas o 2) resuelve que sí hay un problema, se penaliza a los que no han jugado limpio y las cosas vuelven a la normalidad.

Lo que todo esto significa es que la verdad fundamental que está detrás de esta noticia ha sido tergiversada deliberadamente o por una mala interpretación de los sucesos y ha sido colocada al frente de las noticias del día sin ningún fundamento, porque no hay nada que indique que Saca esté pidiendo control de precios en los combustibles. De hecho, él no puede ni debe controlar precios porque no tiene la autoridad para hacerlo.

¿Por qué una declaración que nunca fue dicha se convirtió en la portada de un importante matutino? Ahora sé que la respuesta está en esta noticia de última hora publicada en el sitio de internet de La Prensa Gráfica:

"Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron de manera unánime esta tarde, por iniciativa del presidente de la República, Elías Antonio Saca, la creación de una comisión reguladora de precios de combustible e hidrocarburos.
Esta comitiva se encargará de vigilar y regular los precios del combustible e hidrocarburos para verificar que las reducciones y aumentos en el valor del barril de crudo se vean reflejados en el mercado local.
Esta medida parlamentaria se toma luego que el presidente Elías Antonio Saca ordenara ayer al Ministerio de Economía (MINEC) y a la Defensoría del Consumidor (DC) revisar si las bajas en los precios internacionales del petróleo se reflejan en los galones de combustible que pagan los consumidores en el país."
(http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/6869.asp)

Notemos que ya no se dice que Saca pidió "control de precios" sino que ordenó ayer "revisar si las bajas en los precios internacionales del petróleo se reflejan... en el país". Ahora sabemos que esta fue una noticia creada de la nada para empujar una acción política. No estoy opinando sobre si una comisión reguladora de precios de combustible es buena o mala, estoy opinando sobre los usos de una conveniente tergiversación en los medios de comunicación. Esta noticia va a ser recibida con asco por algunos sectores y con desbordante alegría por otros. Unos opinarán que se está atentando contra la libertad del mercado y otros opinarán que han prevalecido los derechos de los consumidores. Sobre todo, esta acción será recordada como un hito: la primera muestra de concertación política entre el Estado y la oposición en el 2007. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Realmente habrá en el país una "comisión reguladora de precios de combustible e hidrocarburos"?

No, la Asamblea no ha creado una comisión reguladora de precios porque las actuales leyes salvadoreñas no permiten ese tipo de interferencia estatal en el mercado. ¿Qué va a hacer la Asamblea entonces? Perder el tiempo. Pretender hacer lo que ya hizo la Defensoría del Consumidor, un estudio de la relación entre los precios internacionales y locales del combustible. También pretenden hacer lo que le corresponde hacer por ley a la Superintendencia de Competencia: estudiar si hay abuso por parte de los distribuidores de petróleo. Pero a fin de cuentas, nadie va a regular los precios del combustible porque la ley no lo permite. Y la Asamblea no debería hacer lo que las instituciones creadas por la ley ya están haciendo. Esta es una farsa política empujada por las mentiras y manipulaciones de un periódico. No encuentro otra manera de explicarlo.

Una calamidad

Este día, en el aniversario del terremoto del 13 de enero de 2001, apareció un reportaje en El Diario de Hoy sobre la capacidad actual de respuesta de la nación ante los grandes desastres. Tenemos una nueva ley y una nueva institución de Protección Civil. Dado que fue fundada hace seis meses, y que es tan reciente el nuevo marco legal y las entidades y herramientas creadas, todavía es un tanto prematuro evaluar la capacidad que tenemos para responder a los desastres.

Pero lo que más me llama la atención de este reportaje es la mención que hacemos de una evaluación realizada por el Banco Mundial de los proyectos de reconstrucción después del terremoto de octubre de 1986. Con este gran préstamo el Estado construyó el actual Centro de Gobierno. Pero los proyectos sociales en los que se invirtió fueron un gran fracaso.

Muchas de las viviendas a las que se hace alusión en el fragmento citado a continuación están abandonadas y en una zona de Apopa ahora plagada por las maras. Los únicos que salieron verdaderamente beneficiados de estos proyectos fueron las compañías de construcción, que en lugar de levantar las modestas viviendas que estaba supuestos a hacer, construyeron unidades tres veces más caras, convenciendo al Estado de comprar tierras nuevas en lugar de simplemente reconstruir en las zonas afectadas por el terremoto. A pesar de lo que dice al final el oficial del Banco Mundial, yo dudo que el Estado haya aprendido la lección. Jesús Barrio, un representante de la organización Geólogos del Mundo critica el limitado concepto de "vulnerabilidad" del Gobierno, y explica por qué debe ser entendido más ampliamente: "El concepto de vulnerabilidad debe cruzar las condiciones económicas, como el tipo de vivienda y los ingresos, con la amenaza de riesgo; por ejemplo, una persona que tiene su vivienda asegurada es menos vulnerable que una que no tiene un seguro".

Lean y lloren:

El terremoto del 10 de octubre de 1986, que según organismos internacionales tuvo una magnitud Richter de 7.5 grados, dejó un saldo de 1,500 muertos, 10,000 heridos y 300,000 damnificados.

El daño físico fue calculado en $1,030 millones, equivalente a un cuarto del producto interno bruto de ese año.

En apoyo a los esfuerzos de reconstrucción, el gobierno salvadoreño recibió $78.5 millones en préstamos, aprobados en 1987. De estos, $13.5 millones fueron otorgados por el gobierno de Japón; los otros $65 millones, por el Banco Mundial.

Veinte años después es posible acceder a las evaluaciones del impacto a largo plazo de las actividades de respuesta, como las que realizó el Banco Mundial en 2004.

El equipo de evaluaciones operativas del Banco Mundial le dio a El Salvador una calificación general de "moderadamente satisfactorio" (es decir, menos que satisfactorio) a la implementación y los resultados del proyecto de reconstrucción.

El resultado mejor evaluado por los analistas del Banco Mundial fue la construcción de la nueva infraestructura para el Centro de Gobierno, que aún se mantiene en pie a pesar de los dos terremotos posteriores de 2001.

Los proyectos sociales, sin embargo, dejaron mucho que desear. Sólo la mitad de los $9 millones destinados a los micropréstamos diseñados para restaurar las capacidades productivas de los afectados fueron otorgados debido al "pobre mercadeo y a los registros ineficientes".

Los damnificados fueron reubicados a Apopa en 6,344 nuevas viviendas, a un costo de $20.2 millones. Pero el estudio del Banco Mundial realizado en 2003 afirma que sólo el 47% de los ocupantes originales todavía habita las unidades.

Muchas de las viviendas fueron construidas con materiales de baja calidad. Un condominio fue dañado por los sismos de 2001. Pero el problema principal con la mayoría de las casas es que resultaron ser tres veces más caras de lo programado, porque fueron construidas en zonas sin servicios básicos, generando costos adicionales.

Por esta razón, fue difícil para una gran parte de los damnificados pagar los créditos. Muchos fueron expulsados de sus viviendas. Al final, todas las instituciones de crédito involucradas quebraron por las abrumadoras deudas.

La reubicación separó a las comunidades damnificadas rompiendo y desaprovechando las redes sociales pre existentes.

A pesar de todo esto, argumenta Gregory Ingram, director general de Evaluaciones, "el proyecto fortaleció la capacidad del Gobierno para planificar y administrar esfuerzos de reconstrucción, y consolidó su preparación para responder a las futuras emergencias nacionales".

El reportaje apareció bajo mi nombre, pero en realidad trabajaron otros dos periodistas más: William Alfaro y Lillian Martínez.

La noticia invisible II

Bueno "La noticia invisible" dejó de serlo, en parte al menos, con la publicación este día en El Faro de una nota sobre el arresto domiciliario de los dos más altos directivos de Bancolombia. Creo que se trata de una nota bastante neutral. No sé qué piensan otros, pero no me parece que hace de la situación un escándalo, ni que ha tratado el tema de forma amarillista. Me sorprendió descubrir que la intención de Bancolombia es comprar el 100% de las acciones, y no el 52% como había creído, según un comunicado del mismo Banco Agrícola:

San Salvador, El Salvador, 22 de Diciembre de 2006 – Bancolombia S.A., a través de su subsidiaria panameña Bancolombia Panamá S.A. (“Bancolombia”), anunció hoy un acuerdo para adquirir en efectivo hasta el 100% de las acciones de Banagrícola., S.A. (“Banagrícola”) a un precio de US$47 por acción, lo que equivale aproximadamente a US$900 millones por la totalidad del paquete accionario. El acuerdo está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

También es probable que después del martes 9 de enero la noticia sea cubierta por los principales periódicos matutinos, porque de acuerdo con El Faro el Banco Agrícola presentará su posición oficial:

En El Salvador aún se desconoce cómo afectará la orden de captura de los directivos en los accionistas, ahorrantes y sistema financiero salvadoreño. “No va a tener ningún efecto sobre actuaciones de trabajo del Banco, (AFP) Crecer, (y) Asesuisa”, dijo el viernes un ejecutivo del Banco Agrícola, que pidió el anonimato alegando que su institución no ha fijado una posición oficial aún. “No podría adelantar si afecta la compra, el proceso sigue, se está esperando las aprobaciones de los entes reguladores. Todo sigue normal”, explicó. El Banco aseguró a este periódico que el martes de esta semana presentarían una posición oficial.

El único detalle que no se menciona es que los demandantes que fueron afectados por las estafas de los ejecutivos están buscando la disolución de la fusión que hizo de Bancolombia una fuerza financiera con el poder para expanderse internacionalmente. Algo que, con toda probabilidad, no va a suceder, pero uno nunca sabe. Un fiasco así sucedió antes cuando un banco dominicano intentó comprar al Banco Cuscatlán.

Repito lo que dije en respuesta a un comentario: La responsabilidad de un medio es hacia sus lectores, y su ética se debe afirmar en la verdad, no en la verdad a medias.

La caricatura de Mafalda por Quino me la envió Walo.

En la bitácora Xibalbá de Ixquic aparece una reflexión pertinente: Calidad, transparencia y ética en la información se puede mejorar.

Historia espontánea

La fotografía muestra a Pedro Julio Hernández, líder de los vendedores de la calle en la zona ex Biblioteca Nacional. Él mismo eligió el lugar para este retrato, por tratarse de un “punto histórico de la ciudad”: la primera barbería de la calle, fundada hace unos tres meses. ¿Acaso está cambiando nuestro sentido de lo que significa historia?

El siguiente fragmento proviene de una nota secundaria publicada en El Faro sobre los sucesos culturales del 2006, y finaliza con las opiniones coincidentes de Roberto Galicia y la mía sobre el tema de la pérdida irreversible del patrimonio cultural en el Centro Histórico de San Salvador:

Roberto Galicia, director del Museo de Arte y ex presidente de Concultura, sostiene que una de las perdidas más grandes a nivel de patrimonio cultural en el país está retratada en el Centro Histórico de la ciudad.

“En ese desastre participa en proporciones iguales Concultura y la Alcaldía de San Salvador. Cada vez se retrocede más, por mucho que se hable, el Centro Histórico se ha convertido en una frase circunstancial y es un campo en el cual literalmente no se ha hecho nada. Hay un retroceso total en el Centro Histórico como parte de la memoria, de la historia del país, como problema urbano”, indica Galicia.

Para el escritor y critico de arte Jorge Ávalos es una gran tristeza lo que está pasando al patrimonio histórico del centro de San Salvador. “Todas las leyes están acompañadas de dos tipos de acciones: una para castigar lo negativo y una para apoyar lo positivo, entonces la ley de patrimonio no tiene ese aspecto positivo. No hay incentivos para que la gente invierta en comprar esas propiedades, en restaurar, protegerlas, conservarlas. Estamos ante una situación en la que Concultura, por inacción, está coadyuvando a la destrucción del patrimonio histórico del centro de la ciudad”.

Según una colega periodista, el director de Patrimonio Cultural de Concultura, Héctor Ismael Sermeño, declaró recientemente en su propio programa de televisión en el Canal 10 que “a la gente que vive allí (en el Centro Histórico) le gusta tal y como es”. ¿Qué tan cierta puede ser esta declaración?

El último estudio sobre la situación habitacional en el área realizado por Fundasal y avalado por la Alcaldía de San Salvador sólo detectó 58 hogares en la zona del microcentro. Y de acuerdo a la gerencia del Centro Histórico, a quienes yo entrevisté, hay menos de 2 mil votantes en un área por la que transitan un promedio de un millón y medio de personas cada día. Y no hay una sola encuesta o estudio que yo haya visto, y examiné decenas, que indique satisfacción con el estado en que se encuentra la capital de San Salvador. Una anécdota circunstancial es una excusa muy pobre para evadir responsabilidad.

Quienes quieran tener una visión más concreta sobre este problema pueden leer La pérdida del Centro Histórico (19 de noviembre, 2006). Y sobre el problema más específico de las ventas en las calles, este acercamiento asombroso al poder de los líderes populares: El imperio informal (15 de diciembre, 2006). Escribí ambos artículos para El Diario de Hoy.

También vale la pena este artículo de Rosarlin Hernández para El Faro, y que acabo de descubrir: Las páginas de San Salvador (26 de junio, 2006).

La noticia invisible

BOGOTA (Reuters) - La Fiscalía General de Colombia ordenó el jueves la detención de los dos directivos de más alto rango del mayor banco del país, Bancolombia, por supuestamente haber incurrido en delitos de estafa y uso indebido de fondos, informó el organismo acusador.

El fiscal general de la nación, Mario Iguarán, dijo que la decisión judicial, con beneficio de detención domiciliaria, cubre al presidente de Bancolombia, Jorge Londoño y al vicepresidente, Federico Guillermo Ochoa, dentro de una investigación por un proceso de fusión en la década pasada.

Bancolombia, la única empresa colombiana que se transa en la Bolsa de Nueva York, pertenece al mayor conglomerado del país, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y recientemente anunció el primer paso en un plan de expansión internacional, al acordar la compra del conglomerado salvadoreño Banagrícola.

Esta noticia circuló ayer por los cables, pero no fue cubierta por ningún medio salvadoreño. A finales de diciembre de 2006, se anunció que Bancolombia adquirirá el Banco Agrícola, la organización financiera más grande de El Salvador, durante el primer trimestre de 2007. Bancolombia emitió un comunicado indicando “que esta medida está dirigida contra los administradores como personas naturales y no es una medida contra la entidad, por lo tanto, esta decisión no afecta el patrimonio del Banco ni su solvencia económica”. Este detalle hace inexplicable la ausencia de la noticia en los medios.

Hay otro detalle, sin embargo, que todos debemos recordar: parte del paquete de adquisición que recibe Bancolombia con la compra del Banco Agrícola incluye la AFP Confía (poco antes Citigroup adquirió la AFP Crecer). La notica del arresto de los dos directivos de Bancolombia provocó una reacción inmediata en la bolsa de valores de Nueva York, afectando el valor de sus acciones. La Ley del Consumidor implica que los usuarios salvadoreños de AFP Confía tienen derecho a saber si sus inversiones en ese fondo de pensiones estarán seguras en manos de Bancolombia. Por esta sola razón, los medios deberían cubrir esta noticia.

Los hechos insólitos del 2006

Es muy raro encontrar humor en las noticias nacionales, pero El Diario de Hoy hizo un esfuerzo especial este año y publicó una reseña de los diez hechos más insólitos que ocurrieron en El Salvador durante el 2006. Los textos son de William Alfaro y las ilustraciones del famoso caricaturista Ruz. Pulsen el título de esta entrada, visiten los hechos insólitos y ríanse un poquito.

Dónde puedes consumir drogas sin preocuparte

Un ejemplo clarísimo de un doble standard en la persecusión del crimen (para otro ejemplo, ver Los verdaderos piratas). He aquí un reporte que aclara que no hay persecución por consumo de drogas por parte de la Policía Nacional Civil en dos zonas de San Salvador debido a la clase social de los usuarios:

«Hay dos zonas con alto índice de drogadicción y accidentes, pero que no tienen la importancia suficiente para las autoridades. Una es la Zona Rosa, lugar turístico de la capital, donde hay 6 discotecas y más de 25 bares, en un área relativamente pequeña. En algunos de estos bares se da el consumo de cocaína y heroína, y en menor grado de marihuana. La mayoría de los que consumen estas drogas son jóvenes de clase media alta, y alta. Los accidentes por alcoholismo han tenido una reducción considerable debido al control de alcoholemia en la calle principal de la zona y sus calles de acceso. La otra zona problemática es la Calle San Antonio Abad (El Barrio), donde hay cerca de 8 bares al Poniente del Redondel Variedades. En estos bares hay consumo de marihuana, crack y cocaína, y los jóvenes que la consumen son de clase media media, media alta y alta baja. Al igual que en la Zona Rosa, en la San Antonio Abad no hay mucha autoridad por parte de la policía para la reducción del consumo de drogas, pero sí hay chequeos de alcoholemia frecuentes los fines de semana en sus calles de acceso».

Fuente: Ministerio de Gobernación.

Signos de progreso

Parece que en El Salvador nos tomamos tan en serio la educación de los niños, que les enseñamos a leer hasta cuando juegan con fuego.

¿A quién se le ocurren estas ideas? Compré estos fósforos en una cohetería.

Los verdaderos piratas II

El 20 de enero del 2006, como un prerrequisito para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, entró en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos artículos 12 y 13 establecen la protección de obras intelectuales, incluyendo creaciones literarias y artísticas como libros e imágenes fotográficas, programas de ordenador (software), obras musicales y audiovisuales, entre otros.

Para demostrar que sus leyes están en conformidad con el marco regulatorio del TLC, el Estado salvadoreño impulsó este año la persecusión de la piratería. Se han decomisado todo tipo de productos; el valor de las imitaciones piratas de zapatos Puma decomisados este año asciende a 605 mil 417 dólares. Pero pocos sectores atraen tanto la atención como la venta de productos audiovisuales piratas. El valor de los decomisos de discos compactos piratas realizados por la Policía Nacional Civil (PNC) alcanzó el valor de 1.1 millones de dólares, apenas una fracción de las obras piratas en el mercado, dado que se estima que hay 66 mil vendedores que comercian con audiovisuales piratas. Como parte de esas acciones, la PNC identificó, clausuró y desmanteló 15 laboratorios clandestinos de reproducción de música y películas.

La PNC también comenzó este año a perseguir la piratería de software, concentrando toda su atención en el allanamiento de 27 pequeños cybercafés, decomisando 342 matrices de programas. Pero hay dos sectores que han institucionalizado la piratería de software sin sufrir ninguna acción por parte de las autoridades: la empresa privada y el gobierno. Según Manuel Chacón, apoderado judicial de Business Software Alliance (BSA), integrada por las compañías Windows y Adobe, entre otras, el 76% de los programas de computadoras utilizados por las empresas salvadoreñas son ilegales. En las oficinas de las instituciones estatales, el porcentaje de programas piratas utilizados asciende a un 80%.

“El representante de BSA dijo que el gobierno debe ser el primero en predicar con el ejemplo”, escribió Alma López en un artículo de El Diario de Hoy publicado el lunes 18 de diciembre, 2006. “(Gabriel) Buitrago (apoderado legal de Sony BMG) y Chacón coinciden en que el irrespeto de la propiedad intelectual da una mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros. El apoderado legal de BSA pide que se intensifique el trabajo del gobierno y la Fiscalía General para combatir un problema que genera pérdidas a las firmas”.

Cómo ser un dictador

Un mapa de tu tierra


Tu tierra abusa de tu amor por ella.
Castígala. Demuéstrale quién eres.
Toma su pequeña imagen, la imagen
de su pequeño cuerpo accidentado

y arrúgala en tu puño, estrújala
entre tus dedos. Luego, despliégala
sobre una almohada y dile: “has
sido infiel, has sido mala conmigo”.

Insértale alfileres en esos lugares
donde te hizo sufrir en demasía.
Escupe sobre su imagen, rompe

su frágil geografía. Dale fuego
y déjala arder, déjala ser cenizas.
Por una vez has sido su tirano.


Había olvidado este poema, que escribí y publiqué hace más de 15 años. Realmente había estado trabajando un mapa de El Salvador que incluía una geografìa de su historia, y de pronto caí en la cuenta que parecía un mapa de historias de horror, un mapa de la infamia. Pero el poema no trata sobre eso, sino que retoma un comentario que me hizo mi novia de entonces, cuando tomé un boceto de ese mapa y después de observarlo un rato, lo rompí, lo estrujé en mi mano y lo boté a la basura. Recuerdo ese momento con fría claridad, como si me viera a mí mismo, porque mi novia me hizo tomar conciencia de lo que había hecho cuando dijo: "¿Saldando cuentas con tu país?". ¡Las musas!

Patrimonios

Los ritos y ceremonias culturales tienden a exagerar o a subrayar lo que somos. Usamos máscaras para revelar a nuestro verdadero ser. Por ello me fascina ver que nuestros niños indígenas se disfracen de niños indígenas durante las fiestas patronales. Hace algunos años tomé esta fotografía, no con propósitos estéticos sino documentales. Me sorprendió advertir lo que debía ser evidente. Los padres de estos dos niños crearon una imagen del indígena salvadoreño tomando como punto de partida el atuendo del campesino, y no sólo por los sombreros, los caites, los corvillos y los morrales, sino también por los parches sobre las rodillas que aluden a la pobreza del indígena. Guardé esta fotografía porque me dolió reconocer que la gran mayoría de salvadoreños ha llegado a creer que la pobreza es parte de la identidad del indígena.

Por eso es importante el Carnaval de San Miguel, una demostración de que el Caribe tiene un punto de presencia en El Salvador. El Carnaval de San Miguel fusiona una fiesta patronal de origen colonial con la exuberancia vital de las celebraciones africanas. No debemos olvidar que los indígenas no siempre fueron pobres; de igual manera, tampoco debemos olvidar que hace 200 años tuvimos esclavos negros en San Miguel. Ellos nos legaron esa actitud carnavalesca de la vida, que rehúsa el sentido de humillación que los agentes coloniales esperaban de los esclavos. Los afro caribeños que fueron “importados” como esclavos a El Salvador rehusaron la explotación y se rebelaron. El Carnaval de San Miguel celebra ese espíritu de rebeldía.

Afirmar, como lo ha hecho Héctor Ismael Sermeño, director de Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Concultura), de que el Carnaval de San Miguel no puede ser considerado un carnaval porque no precede a los días de cuaresma y que por esa razón no merece ser considerado patrimonio intangible de la nación, demuestra una falta de conciencia histórica, pero también de sentido común: si un espectáculo masivo tiene las características de un carnaval, y se festeja como se festejan los carnavales, y se le llama carnaval, entonces, con toda seguridad, se trata de un carnaval. Me encantaría ver al mismo funcionario tratar de convencer a los Alemanes de que el famoso Carnaval de Colonia —así como el de muchas otras ciudades germanas— no debería celebrarse en el mes de noviembre.

Por lo tanto, el Carnaval de San Miguel tiene mi voto como patrimonio intangible de El Salvador. ¿Alguien más quiere votar a favor?

* Escrito a propósito de los comentarios impertinentes de un funcionario de Concultura, tal y como lo señaló El Visitador en La cultura salvadoreña sos vos.

Los verdaderos piratas

Usan un parche, sobre la rodilla rota del pantalón. No mascan tabaco, mascan chicle. Día y noche, al mando de sus sofisticados sistemas de navegación, atentan contra las corporaciones transnacionales. Representan el más grave peligro a los esfuerzos de globalización, que mueve, segundo a segundo, billones de dólares a través de redes informáticas. Los satélites y los procesadores de cómputo más avanzados no pueden detenerlos. Aún los códigos de seguridad que se pretendían infranqueables han resultado ser presa fácil de ellos, los piratas del ciberespacio.

No hay una mítica isla del tesoro donde se acumulan el oro y las joyas. El ciberespacio es un océano en expansión, sin más leyes que los códigos y lenguajes crípticos que ingenieros profesionales y técnicos aficionados han desarrollado en las últimas dos décadas. El adversario de los piratas es —como en la era de los imperios y las colonias cuando la mercancía era oro y especias— todo poder que hegemoniza el tránsito y los mercados de la era informática.

Las armas de resistencia y sabotaje de los piratas son actos de hacking —franqueando la seguridad de espacios virtuales—, de distribución ilegal de productos audiovisuales, o de la siembra de algún virus destinado casi siempre a impedir la movilización y operación de transacciones electrónicas.

El nuevo motín codiciado por los piratas brilla con la luz de las estrellas. Los piratas roban obras de entretenimiento: música y vídeos y libros y juegos virtuales y revistas de historietas. La opinión de los artistas no es unánime, pero los ejecutivos de grandes empresas del entretenimiento, productores de discos portadores de música y vídeo, así como los que manejan portales y mercados del Internet los acusan de pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares. Pero no hay jefaturas de Policía globales. Los departamentos de seguridad de cada país del mundo donde los piratas operan no tienen los recursos humanos y tecnológicos para detenerlos.

Los piratas modernos evaden la ley porque es casi imposible detectarlos. La vasta mayoría son niños entre los 12 y los 18 años. Niños normales, muy normales. Con problemas de acné y sueños húmedos. Con desequilibrios hormonales y tensiones con sus padres. Con demasiada adrenalina y muchas horas de ocio. Lo único que los distingue de los niños del pasado es que tienen acceso a las nuevas tecnologías. Pero son ellos, estos niños y adolescentes, sin conocimiento del comunismo ni conciencia de la historia, los nuevos enemigos del capitalismo.

La suprema ironía: los piratas del ciberespacio son una creación del capitalismo triunfante. Durante las tres últimas décadas, los productores de entretenimiento, de cine y música pop, descubrieron en los niños y jóvenes a sus más leales y voraces consumidores. La piratería desenfrenada de obras de entretenimiento sólo demuestra que los esfuerzos de mercadeo, de seducción colectiva hacia los jóvenes, han triunfado.

* NOTA

La semana pasada, como parte de mi trabajo periodístico, tuve que circular por las ventas callejeras del centro y hablé con algunos vendedores de discos piratas, a quienes las leyes salvadoreñas consideran delincuentes porque venden productos que no generan ganancias para sus propietarios intelectuales. Antes, había llamado Ciudad pirata al Centro Histórico de San Salvador, porque se trata de un puerto en el que se comercia mercadería fuera del marco de la ley. Pero ahora, pensando concretamente en los vendederos de discos piratas, me pregunto, ¿quiénes son verdaderamente responsables de la piratería? Esta es una primera aproximación.

La fotografía muestra a Jon Lech Johansen, el hacker más conocido y temido de todo el mundo desde que era aún un niño. Tiene una página web llamada Atrévete a demandarme. Ya nadie se atreve a responder a ese desafío. Él es el responsable de que los DVD piratas puedan ser decodificados y reproducidos por cualquier persona, lo cual lleva a la piratería. Ha sido demandado desde los 17 años (nació en 1983) y ha ganado todos los juicios, venciendo a las grandes empresas transnacionales que venden películas y música. Una biografía de Johansen en español aparece en Wikipedia.

¿Se puede combatir la inseguridad?

Todos sabemos que El Salvador es considerado el país más violento de América Latina, de hecho, de todo el continente Americano, debido a que tenemos la tasa más alta de homicidios por cada 100 mil habitantes: 52. Hace una década, este dudoso primer puesto lo ocupaba Colombia con una tasa de 47 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero esa tasa es ahora de 18, una reducción del 63%. El círculo vicioso de criminalidad e impunidad que azota a nuestro pais no puede continuar. ¿Qué pasará en El Salvador en los próximos 10 años? La respuesta ya la sabemos: sucederá lo que nosotros decidamos o no hacer. Y al final de ese período, ¿qué nos dirán los indicadores de violencia sobre nosotros mismos como nación si consideramos qué fue lo que decidimos o no hacer?

El título de esta jornada es la pregunta principal que le hice a María Fernanda Campo, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, en una entrevista que fue publicada hoy en El Diario de Hoy. En el artículo, titulado "No hay seguridad sin visión de futuro", Campo explica con gran claridad qué medidas se tomaron en Colombia para combatir los índices de criminalidad. Ojo, no la criminalidad sino los índices de criminalidad. La diferencia radica en cómo se definen los intereses, cómo se deciden los objetivos y en cómo se implementan los planes; es decir, es la diferencia entre un abordaje politizado y emocional y uno analítico y racional. Hay que notar, por ejemplo, lo que dice Campo sobre una política de desarme. Durante la entrevista ella la llamó una medida "drástica", lo cual da un indicio de su propia posición como presidenta de una cámara de comercio. Pero cuando la sociedad acuerda enfrentar un problema como nación, el debate debe estar dirigido a responder qué es lo que está en juego y deben dejarse a un lado las posturas definidas a priori para considerar los intereses de todos.

El debate sobre el desarme en El Salvador es interesante precisamente porque no hay un verdadero debate. Ha surgido como un propuesta razonada de ley —dado que se trata de un proyecto piloto y no de una política pública para toda la nación— y de inmediato se enfrenta a la oposición gubernamental. Estoy seguro de que hay buenas razones a favor o en contra del desarme, pero todavía no he escuchado una sola que me convenza por un lado o el otro. Supuestamente el tema de seguridad es la mayor preocupación nacional pero no hay un verdadero debate que me demuestre que la ciudadanía está verdaderamente preocupada por la situación de violencia.

El desarme, pese a la oposición de los empresarios y los políticos, se impuso en Colombia porque la ciudadanía, harta de tanto homicio, obligó al gobierno a que lo hiciera. Y como en Brasil y Nueva York, funcionó. ¿Por qué funcionó? No lo sé, yo no soy el experto en el tema, pero sospecho que uno de los factores del éxito fue que los ciudadanos querían que funcionara, que la población, a toda costa, quería erradicar la violencia. Por lo tanto, el desarme no fue la solución al problema, como se pretende en El Salvador, sino una de las muchas tácticas que se implementaron como parte de una gran estrategia de nación para resolver el problema. Esa es una diferencia fundamental. En Colombia, Brasil y Nueva York los desarmes fueron voluntarios, propuestos por la ciudadanía misma. En El Salvador surge como una propuesta de ley, pero no sabemos realmente cómo se siente la gente —el salvadoreño o la salvadoreña común y corriente— acerca de estos temas, no sabemos si realmente les importa terminar de una vez por todas con la situación de violencia. En una democracia, ese nivel de apatía es más peligrosa que tener la tasa más alta de homicidios del continente.

Día de la eliminación de la violencia contra la Mujer

Desde 1981, militantes feministas observan el 25 de noviembre de cada año como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Esa fue la fecha en 1960 cuando fueron muertas a golpes las tres hermanas Mirabal, activistas políticas en la República Dominicana que se oponían a la dictadura del gobernante Rafael Trujillo, quien ordenó el asesinato. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el voto de El Salvador entre tantos otros, declaró esa fecha el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Cinco años antes, en 1994, la Asamblea Legislativa de El Salvador reemplazó el Código Civil vigente desde 1860 con uno de los códigos de jurisprudencia familiar más progresistas de América Latina. Como resultado, se eliminó una ley de divorcio considerada tan discriminatoria contra la mujer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denunció en un histórico reporte de 1978. Con el antiguo código civil, para que el hombre anulara su matrimonio bastaba invocar el adulterio de su mujer. Un hombre no necesitaba presentar pruebas, sólo era necesaria su palabra de honor. Para que se admitiera esta causal de divorcio contra el hombre, la mujer debía probar que el adulterio iba acompañado de un “escándalo público”.

En otro ejemplo, aún más dramático, antes de 1994, se registraban 300 casos anuales de violencia doméstica. Sólo un año después del nuevo código se registraron 14,000 casos. Según la Fiscalía General de la República el 80% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres adultas, 5% son niñas, 8% son niños y el 7% son hombres adultos, muchos de estos de la tercera edad.

Hasta hace dos años, si una niña era descubierta por la policía en un prostíbulo, ella podía ser detenida como una criminal. Una nueva ley implementada a partir de 2004 castiga ahora a los proxenetas y a los hombres que compran servicios sexuales o actos eróticos de una persona menor de edad. En El Salvador cerca de 4,000 mujeres son violadas o agredidas sexualmente cada año. El 17% de las víctimas son menores de edad. La Fiscalía también reporta que la tasa anual de violaciones sexuales es de 5.41 por cada 10,000 habitantes, pero la tasa de denuncias es de sólo 1.24.

Todas estas nuevas leyes que tratan con equidad a la mujer nos parecen justas e, incluso, obvias hoy en día, pero ninguna tiene más de doce años de existencia. El costo social y económico de la desigualdad de género es demasiado alto porque previene el desarrollo humano de una nación y, por lo tanto, nos afecta a todos.

En 1999 trabajé como consultor para un proyecto de desarrollo económico local en el norte de Morazán, un bastión de la izquierda durante la guerra, y descubrí que la mayoría de los programas de microcrédito similares a los que creó el Premio Nóbel de la Paz de este año, Muhammad Yunus, fracasaron porque por tradición cultural las mujeres de la zona no podían tener propiedades; todo, absolutamente todo se registra a nombre del hombre en la familia.

Aún hay mucho por hacer.

* La fotografía la tomé en julio del 2002, en el Complejo Educativo Guillermo Borja Nathan, localizado en Apopa, San Salvador, donde se impulsa un "modelo de educación no sexista". Al centro de la escuela se habían reunido más de 700 niños y niñas para ver a Eunice Payés presentar un espectáculo de danza contemporánea. Las preguntas y comentarios hechos por los estudiantes después del evento fueron increíbles. Guardo una memoria muy grata del evento.

¿Patrimonio Cultural?

Esta imagen, realizada por el arquitecto y urbanista Ricardo Arriaza Vega nos da una visión ideal de la Plaza Morazán, con el Teatro Nacional al fondo. El concepto que Arriaza Vega compartió conmigo durante una entrevista que le hice la semana pasada era tan realista como asombroso: la conservación del Teatro Nacional sería posible si se cercara en un solo espacio no sólo el edificio del teatro sino también la Plaza Morazán, es decir, si toda el área es integrada para crear una sola plaza, y tener de esa manera "el teatro en la plaza y la plaza en el teatro". Los teatros y museos de muchas ciudades del mundo son también plazas, y están cercadas para su protección. Cercar sólo el Teatro Nacional sería absurdo, pero cercar el área que rodea al teatro para crear una gran plaza en cuyo interior estarían la Plaza Morazán y el Teatro Nacional, esto sí tiene sentido. Hay un parqueo, la plaza es hermosa y un teatro funcional, bello y seguro atraería turistas. El Teatro Nacional de Costa Rica es minúsculo comparado al nuestro y es una meca de las artes escénicas en ese país para los turistas.

Hay cientos de ideas creativas como la de Arriaza Vega, pero la institución que debería creer en ellas y potenciarlas no lo hace. Concultura no cree en los bienes culturales que se concentran en el Centro Histórico. Patrimonio Cultural se ha convertido en un agente promocional que cree que su misión es el protagonismo en los medios a través de actividades que no logran absolutamente nada. En cambio no mueve un dedo para hacer las cosas que sí atraerían financiamiento y desarrollo a la zona y, por ende, que llevarían a la restauración y protección de los bienes culurales de la ciudad. Esto lo descubrí yo por mi cuenta mientras realizaba mi propia investigación sobre el Centro Histórico. Pero no soy el único que ha llegado a estas mismas conclusiones.

El domingo 19 de noviembre, el mismo día que se publicó mi reportaje sobre el Centro Histórico en El Diario de Hoy, la Revista Dominical de La Prensa Gráfica publicó otro reportaje sobre el mismo tema. Esto es lo que el director de Patrimonio Cultural, Héctor Ismael Sermeño, dice sobre el Centro Histórico: "La clase media tiene unos valores específicos, sociales, psicológicos, éticos y morales. Considera que el centro no es para su estatus". Si el mismo director de Patrimonio Cultural valora el Centro Histórico con una perspectiva clasista, y por lo tanto subjetiva y sujeta a sus propios prejuicios, y no desde una perspectiva urbanista, y por lo tanto científica y sujeta a una visión de desarrollo, ¿cómo podemos esperar que Concultura sea parte de la solución en lugar de convertirse en parte de los problemas que están destruyendo el Centro Histórico?

Créanlo o no, esta posición pretensiosa y negligente ha sido la política real de Concultura en relación al Centro Histórico por muchos años. En un artículo publicado en Diario El Mundo el 13 de septiembre de 2003 se plantea la necesidad de una ley que declare "patrimonio cultural" al Centro Histórico en sí como una herramienta legal para encauzar inversión estatal hacia el anillo central de la capital, que tiene todos los monumentos históricos (el Palacio y el Teatro Nacional, las principales plazas etc.). El razonamiento detrás de esto es el siguiente: "Mientras no exista una declaratoria legal que reconozca al Centro Histórico de San Salvador, la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural va a seguir siendo una verdad a medias".

¿Cuál fue la respuesta de Concultura a este planteamiento que en ese momento se debatía en la Asamblea Legislativa? Esta fue la respuesta oficial, según Glenda Girón, la periodista de Diario El Mundo: "El director de Comunicaciones de Concultura, Carlos Peña, afirmó que esta entidad no ha presentado la propuesta ante la Asamblea Legislativa porque el Centro Histórico de San Salvador no reúne las cualidades necesarias para ser Patrimonio Cultural. Esta opinión contrasta con las brindadas por arquitectos salvadoreños consultados por Diario El Mundo que afirman que el Centro Histórico es una joya que a los capitalinos se les está yendo de las manos".

Pero tal y como lo plantea Elena Salamanca en el más reciente reportaje publicado en La Prensa Gráfica más de 900 edificaciones se encuentran en el inventario de Bienes Culturales de Concultura. En otra parte del reportaje de Salamanca, "Lo que no se cae se quema", se plantea el riesgo potencial de incendios que amenaza a estos edificios. ¿Qué dice Sermeño sobre esto? "Lo que pasa en el centro es el problema de los materiales con los que están hechos los edificios. El bajareque, la madera, la lámina no son materiales resistentes a largo plazo". ¿Significa esto que Sermeño está de acuerdo de que existe un riesgo latente y de que, por lo tanto, merecen intervención urgente? No. Según Salamanca Concultura descarta que los incendios sean la "causa principal de pérdida de patrimonio edificado en el Centro Histórico". En la misma página donde aparece este artículo se publican fotografías de dos edificaciones de valor patrimonial destruidas por incendios en el último año y se cita al director del Cuerpo de Bomberos, Ábner Hurtado, explicando que las construcciones de madera y lámina (léase: bienes culturales) las consideran "de alto riesgo de incendio por el tipo de material combustible".

Un incentivo diseñado para la restitución de estos bienes sería una inversión a largo plazo que contribuiría a la renovación y al desarrollo económico de la ciudad. Especialistas del sector privado y académico que yo entrevisté y son citados en mi artículo concuerdan en esto. La dirección de Patrimonio Cultural de Concultura, por sus vínculos directos con el Estado y con el Ministerio de Turismo sería la institución ideal para gestionar incentivos fiscales o de otra índole para mitigar la destrucción de los bienes culturales de San Salvador o para promover la rehabilitación de los principales edificios y monumentos. ¿Por qué no lo hace? Porque no cree en lo que predica: no cree que existan bienes culturales en el Centro Histórico aunque su propio inventario así lo indica, y porque no tiene una visión urbanística vinculada al desarrollo económico, cultural y turístico de la ciudad. ¿Para qué tenemos a Concultura entonces?

Ciudad Pirata

La pérdida del Centro Histórico de San Salvador

«En San Salvador las apariencias no engañan. Su Centro histórico es exactamente lo que parece ser: un puerto pirata. Dominado por el tráfico vehicular, la contaminación ambiental y por el delito, la antigua metrópoli de la ciudad ha caído en manos de dos fuerzas que se han vuelto incontrolables: el comercio informal y el transporte público» El Diario de Hoy, domingo 19 de noviembre, 2006.

Todas las notas periodísticas sobre los problemas de la capital tienen como punto de partida el descontrol: con las ventas callejeras, con el tránsito, con el deterioro físico del entorno, con la basura y con el crimen. Pero nadie nos explica cómo se originó este descontrol. Hemos perdido acceso a la historia que nos permitiría deconstruir la compleja red del problema actual. He iniciado una indagación sobre esto intentando una radiografía del Centro Histórico.